La Justicia volvió a citar al Icaa por las obras en la ribera del Riachuelo

La Justicia de Corrientes citó para el próximo 15 de agosto de 2023 a las autoridades del Instituto Correntino del Agua y del Ambiente (Icaa) en una audiencia judicial para ejecutar la sentencia de la acción de amparo interpuesta por ciudadanas luego de un supuesto daño ambiental provocado por las obras de dragado en el Riachuelo, su flora y fauna terrestre y acuática. 

“La causa por el dragado en el Riachuelo se inició en 2018 por un grupo de mujeres ambientalistas, biólogas y residentes de la zona que advirtieron este desmonte provocado por unas topadoras”, dijo a El Litoral la Defensora de Pobres y Ausentes de Corrientes, Nora Maciel. 

“Esa acción arrancó en la desembocadura del Riachuelo en el río Paraná y llegó hasta el puente Pexoa. Desmontaron todo el bosque de ribera y ese es el daño ambiental específicamente de la zona del parque provincial San Cayetano y que se denuncia en el expediente. Ya tenemos sentencia y lo que se pide al Icaa y a Ecodyma S. A., que es la empresa que llevó adelante esta obra, que hagan alguna acción de recomposición del ambiente”, recordó Maciel y aclaró que esto nunca se concretó. 

Al momento de presentar la Acción Sumarísima de Amparo, el dragado se había llevado a cabo desde el km 0, en la desembocadura del Paraná, hasta ingresar 550 metros dentro del Parque Provincial San Cayetano, abarcando un total de 20 km aproximadamente.

“A un año de la sentencia, que salió en julio de 2022, vamos a tener una audiencia para fijar cuáles son las acciones de recomposición. Esa obra se hizo sin estudio de impacto ambiental y sin escuchar a los profesionales idóneos si era el mejor método para evitar futuras inundaciones”, señaló la Defensora de Pobres y Ausentes de Corrientes. 

La sentencia del juez Mario Fernández Corona, del Juzgado Civil y Comercial Nº 8 de Corrientes, ordenó el año pasado que se informe si se cumplió con la recomposición del daño ambiental por parte de la empresa contratista, e instó a ejecutarlo con un plan de gestión en un plazo de 40 días. 

La sentencia surgió como respuesta a una demanda judicial que las ciudadanas Sofía Zalazar, Silvia Zaninovich, Renata Nicora Chequin, María Florencia Pucheta y Melanie Browne (con el patrocinio letrado de la doctora Patricia Clydde McCormack) presentaron contra el Icaa.

Inicios

Las promotoras de la medida cautelar relataron que en abril de 2017, la crecida del Riachuelo a raíz de intensas lluvias provocó que se inundara San Luis del Palmar, lo que desbordó el arroyo y alcanzó un pico máximo de 5,50 metros. Esto debido a la inundación de zonas que permanecieron anegadas por cuatro meses con el consiguiente resultado: 1500 familias afectadas, 7500 evacuados, pérdidas de 50.000 cabezas de ganado, con zonas anegadas durante sesenta días y con la consecuencia de millonarias pérdidas económicas.

Frente a este panorama, dijeron, el Poder Ejecutivo provincial tomó la decisión de realizar esta gran obra consistente en el dragado y refulado del arroyo Riachuelo, que se inició el 29 de junio de 2017, en los términos de la Ley Nº 6408 de emergencia hídrica.