Corrido de las negociaciones que garantizan votos y que otros gobernadores mantienen con la Casa Rosada, el Gobierno de la provincia de Buenos Aires sigue de cerca la redacción final y cómo terminará sancionándose la llamada ley ómnibus. De lo que salga de ese texto, se hará una evaluación para determinar si es necesario y posible recurrir a la Corte Suprema como sub-Estado y pedir la inconstitucionalidad.
Son varios los puntos que el Gobierno de Axel Kicillof pone bajo la lupa de la norma que se debate en la Cámara de Diputados de la Nación. Las facultades delegadas son una de ellas.
Si bien una incursión judicial es potestad de la Fiscalía de Estado, una de las personas que está detrás del análisis que hará la Provincia con una eventual avanzada en el máximo tribunal es el asesor general de Gobierno, Santiago Pérez Teruel, un funcionario de bajo perfil.
