Denuncian presiones y sesgo discriminatorio en un caso federal

Mariana Barbitta, abogada patrocinante de la jueza Federal de Goya, Cristina Pozzer Penzo, emitió este viernes un comunicado denunciando  "arbitrariedades y presiones"  del Poder Judicial Federal de Corrientes. 

"Quiero manifestar mi preocupación por las recientes medidas adoptadas por la Cámara Federal de Apelaciones de Corrientes (Cfac), en su carácter de órgano jerárquico de la provincia", señaló el comunicado distribuido por Barbitta.

Denunció que  "la Cámara Federal de Apelaciones, mediante la acordada Nro. 38/2024 Cfac, dispuso de manera “preventiva”,  el traslado de los dos funcionarios denunciados  por la Jueza en la causa Nro. 297/2024".

Esa decisión, según la profesional, "deja  al Juzgado sin secretario de primera instancia,  lo cual afecta la distribución de trabajo, perjudicando así el correcto funcionar del servicio de Justicia".

En ese sentido, el documento señala que "las extorsiones encubiertas hacia la  única Jueza mujer de Corrientes  no terminan allí. El día de hoy estaría arribando al Juzgado una "comitiva” regional de la Unión de Empleados Judiciales de la Nación (Uejn), justo cuando la Dra. Pozzer Penzo se encuentra de licencia académica en la provincia de Mendoza". 

"En definitiva, las medidas adoptadas por la Cfac y las reacciones desproporcionadas de la Uejn, colocan a la Magistrada en un estado de indefensión y afectan el correcto servicio de Justicia, en un claro contexto de coacciones marcadas por sesgos de género", finaliza.

Vale recordar que en febrero la Jueza Federal Cristina Pozzer Penzo, con el patrocinio letrado de la abogada Mariana Barbitta, presentó ante la Fiscalía General de la órbita federal en Corrientes una denuncia contra un secretario y un ordenanza del Juzgado Federal de Goya, exponiendo "graves e ilegales acciones que ambos desplegaron en el ejercicio de sus funciones", informaron a través de un comunicado.

Concretamente se denunciaron 12 hechos  acontecidos desde el mes de octubre de 2023, y particularmente en febrero del corriente año, vinculados a la destrucción de elementos de prueba (rompiendo la cadena de custodia), la omisión de cumplir con el deber de remitir información de las distintas causas, incurriendo en injustificadas demoras que han puesto en riesgo los procesos judiciales de diferentes expedientes, la desobediencia de órdenes emitidas por funcionarios superiores (como son la magistrada y la Cámara). También se denunció que el secretario y el ordenanza se arrogaron facultades de jueces/zas y actuaron instruyendo procesos penales sin consultar a la magistrada a cargo del Juzgado cometiendo faltas graves como la de no preservar los datos de denunciantes, víctimas y personas menores de edad.

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