Arq. Carlos M. Gómez Sierra
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La provincia de Corrientes presenta un rasgo estructural que suele pasar desapercibido en el discurso público: cerca del 85% de su población reside en ciudades y pueblos (Argentina Urbana, 2018), inscribiéndose dentro del sistema nacional de provincias con alta urbanización. Este dato no es solo estadístico y tiene profundas implicancias para la planificación territorial, la definición de políticas públicas y, sobre todo, para la construcción de un nuevo imaginario colectivo sobre lo que Corrientes es y puede ser. Persistir en la idea de una provincia esencialmente rural no solo resulta impreciso, sino que condiciona estrategias de desarrollo.
En primer lugar, es necesario comprender que el alto nivel de urbanización de Corrientes no es un hecho aislado, sino parte de un proceso que caracteriza a la Argentina y Latinoamérica en general. Sin embargo, en el caso correntino, este fenómeno adquiere particular relevancia debido a la persistencia de una matriz productiva esencialmente primaria y de una identidad cultural asociada al mundo rural. Esta tensión, entre una realidad eminentemente urbana y un imaginario anclado en lo rural, genera desajustes y desequilibrios.
Desde la perspectiva de la planificación territorial, reconocer el carácter urbano de la provincia implica un cambio de paradigma cultural. No se trata solo de gestionar el suelo rural o potenciar actividades agropecuarias, sino de abordar integralmente el sistema de ciudades y pueblos. Esto incluye tanto a la ciudad capital como a toda la red de localidades que estructuran el territorio. En este sentido, la urbanización debe ser vista como una oportunidad para optimizar recursos y promover un desarrollo equilibrado y sostenible.
Uno de los principales desafíos es la consolidación de un sistema urbano provincial distribuido en diferentes centros. Corrientes presenta una fuerte concentración en su capital, generando desequilibrios territoriales y poblacionales que presionan sobre los servicios urbanos. Fortalecer las ciudades intermedias de la provincia permitiría generar nuevas centralidades y evitar procesos de migración interna. Este enfoque requiere inversiones en infraestructura, conectividad y equipamientos, así como políticas de desarrollo local.
En este marco, el Plan Estratégico Participativo Corrientes 2030 (PEP 2030) constituye una herramienta clave. Este plan propone una visión de desarrollo a largo plazo basada en la participación ciudadana y en la articulación entre los distintos niveles y estamentos del Estado. Uno de sus ejes fundamentales es, precisamente, la organización del territorio a partir de un sistema de ciudades más equilibrado y eficiente. El PEP 2030 reconoce la necesidad de fortalecer las capacidades locales, mejorar la infraestructura y promover la integración regional.
Ahora bien, existe un aspecto institucional que resulta central: la relación entre las autonomías municipales y la necesidad de una planificación territorial integrada. En Corrientes los municipios gozan de autonomía política. Este principio es fundamental para garantizar la cercanía en la toma de decisiones y la adaptación a las realidades locales. Sin embargo, cuando esta autonomía no se articula dentro de un marco más amplio, puede derivar en fragmentación, superposición de competencias e ineficiencia territorial.
Por ello, es imperiosa una planificación territorial de escala provincial que reúna y articule a los municipios. No se trata de limitar sus autonomías, sino de dotarlas de un sentido estratégico compartido. Ciudades y pueblos no terminan en sus límites administrativos: los procesos urbanos -movilidad, servicios, economías- trascienden las jurisdicciones locales. Pensar cada municipio de forma aislada implica desconocer esta realidad y, potencialmente, debilitar sus fortalezas y oportunidades. La articulación intermunicipal permite coordinar políticas de uso del suelo, optimizar infraestructuras y generar economías de escala en la provisión de servicios. También es clave para abordar problemáticas ambientales que no reconocen límites políticos, como la gestión de cuencas hídricas, residuos o la protección de áreas naturales.
Modificar el imaginario de Corrientes como provincia rural es, en este sentido, una tarea estratégica. Las representaciones colectivas no son neutras: influyen en las decisiones políticas, en las prioridades de inversión y en la forma en que la sociedad percibe sus problemas. Mientras se siga pensando a Corrientes como un territorio predominantemente rural, será difícil avanzar en políticas urbanas integrales.
Al mismo tiempo, es importante evitar una lectura simplista que oponga lo urbano a lo rural. Corrientes sigue teniendo un muy importante sector agropecuario y vastas áreas rurales que cumplen funciones productivas, ambientales y culturales fundamentales. La clave está en entender la relación entre ambos ámbitos como un sistema integrado. Las ciudades no son entes aislados: dependen de su entorno rural para el abastecimiento de alimentos, provisión de recursos y la preservación de ecosistemas. Del mismo modo, el desarrollo rural requiere de ciudades dinámicas que funcionen como centros de servicios, innovación y comercialización.
En este contexto, la noción de infraestructura adquiere un papel central. No se trata solo de obras físicas, sino de redes que articulen el territorio: transporte, energía, comunicaciones. La mejora de estas infraestructuras es fundamental para consolidar el sistema urbano y garantizar condiciones para un desarrollo integrado. Aquí también el PEP 2030 presenta lineamientos claros.
Finalmente, reconocer a Corrientes como una provincia mayoritariamente urbana implica repensar su modelo de desarrollo. Las ciudades son espacios de concentración de talento y actividad económica. Para ello, es fundamental generar entornos urbanos de calidad, con buena infraestructura, espacios públicos atractivos y condiciones que favorezcan la inversión y el emprendimiento. En síntesis, el alto nivel de urbanización de Corrientes no es solo un dato demográfico, sino un elemento estructural que debe orientar la planificación territorial y las políticas públicas.
Superar el imaginario de una provincia rural es un paso necesario para enfrentar los desafíos actuales y construir un futuro sostenible. Esto requiere asumir que la autonomía municipal, siendo un valor fundamental, debe complementarse con una planificación territorial integrada que articule a los distintos gobiernos y actores bajo una visión común. El PEP 2030 ofrece un marco valioso en esta dirección. Su éxito dependerá de la capacidad de traducir sus lineamientos en acciones concretas y sostenidas en el tiempo. La oportunidad está planteada: se trata de asumir plenamente la condición urbana de Corrientes y actuar en consecuencia.
