Arq. Carlos M. Gómez Sierra
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La historia de la vivienda urbana parece moverse en ciclos. A comienzos del siglo XX, las grandes ciudades concentraban condiciones de vida que hoy resultan difíciles de imaginar: hacinamiento extremo, ausencia de ventilación, iluminación natural deficiente, servicios sanitarios compartidos o inexistentes, y una total superposición de las funciones domésticas en espacios mínimos. Aquella crisis habitacional no era un fenómeno marginal, sino estructural, derivado de los procesos de urbanización acelerada sin planificación ni regulación suficiente.
En ese contexto emergió la arquitectura moderna no solo como un cambio estético o formal, sino como una respuesta técnica, social y sanitaria. Figuras como Le Corbusier, Walter Gropius o Hannes Meyer entendieron la vivienda como un problema colectivo que debía resolverse desde criterios racionales. La casa dejó de ser un objeto artesanal para convertirse en una “máquina de habitar”, donde cada metro cuadrado debía cumplir una función específica, optimizando recursos y mejorando la calidad de vida.
Las propuestas modernas introdujeron principios hoy naturalizados: separación de funciones (dormir, cocinar, estar), buena ventilación, acceso al sol como derecho, incorporación de equipamientos sanitarios individuales, y estandarización constructiva para reducir costos. Experiencias como la vivienda social en la Europa de entreguerras o los conjuntos en América Latina fueron verdaderos laboratorios donde la arquitectura se articuló con políticas públicas. Asi, el Estado asumió un rol central como garante del acceso a la vivienda, entendida como un derecho básico.
A lo largo del siglo XX, estos avances no solo se consolidaron, sino que se expandieron. El crecimiento de las clases medias, el acceso al crédito hipotecario, la expansión de infraestructuras urbanas y la regulación del suelo permitieron que amplios sectores accedieran a viviendas dignas. Incluso con diferencias regionales, el estándar mínimo habitacional mejoró de manera sostenida. La vivienda moderna no resolvió todos los problemas, pero estableció un piso de dignidad material.
Sin embargo, hacia fines del siglo XX y comienzos del XXI, este proceso comienza a mostrar signos de reversión. La vivienda vuelve a constituirse en un problema estructural, aunque por causas distintas a las de hace un siglo. Ya no se trata de la ausencia de conocimiento técnico o de estándares de diseño, sino de una creciente dificultad de acceso. Los problemas macroeconómicos, la lógica del mercado inmobiliario y la especulación del suelo urbano, entre otros factores, han desplazado a amplios sectores de la población fuera del mercado formal.
Hoy, en muchas ciudades del mundo, el costo de la vivienda crece muy por encima de los ingresos. El suelo urbano bien localizado se vuelve un recurso escaso, muchas veces retenido con fines especulativos. La vivienda deja de ser un bien de uso para transformarse en un activo financiero. Sin poner en duda el pleno derecho a la propiedad, este cambio tiene consecuencias profundas: se construye no necesariamente donde se necesita habitar, sino donde se maximiza la rentabilidad.
En este contexto, emergen fenómenos que remiten a las condiciones de principios del siglo XX. El hacinamiento reaparece, no ya en conventillos, sino en propiedades subdivididas, alquileres informales o viviendas compartidas por varias familias. La reducción de las superficies habitables es evidente: unidades cada vez más pequeñas, donde las funciones vuelven a superponerse. La ventilación e iluminación natural, pilares de la arquitectura moderna, se ven comprometidas en desarrollos que priorizan la rentabilidad del lote.
La diferencia fundamental es que hoy no se trata de una carencia de conocimientos. Sabemos cómo proyectar viviendas saludables y eficientes. El problema es que las condiciones económicas y políticas impiden su materialización a escala. En este sentido, la hipótesis de un “regreso” a las condiciones de hace cien años no debe entenderse como una repetición exacta, sino como una analogía estructural: nuevamente, amplios sectores de la población quedan excluidos de condiciones habitacionales adecuadas.
En ciudades como Corrientes, este fenómeno adquiere particularidades. Por un lado, la expansión territorial genera una ilusión de disponibilidad de suelo, pero en realidad se trata muchas veces de suelo sin infraestructura, mal conectado o para desarrollos de muy baja densidad. La vivienda ya no se organiza en torno a un único centro urbano, sino expandida en el territorio, pero no existen políticas suficientemente articuladas para garantizar accesibilidad en este nuevo esquema.
Además, el debilitamiento del rol del Estado en la producción de vivienda, sumado a la falta de instrumentos eficaces de regulación del suelo, deja el problema librado casi exclusivamente a las fuerzas del mercado. Esto contrasta fuertemente con el impulso modernizador del siglo XX, donde la intervención pública fue decisiva para mejorar las condiciones habitacionales.
Otro elemento clave es el cambio en las formas de vida. La vivienda contemporánea debe responder a nuevas configuraciones familiares, trabajo remoto y demandas de flexibilidad funcional. Sin embargo, la presión del mercado tiende a homogenizar las soluciones, reduciendo la vivienda a su mínima expresión rentable, en lugar de adaptarla a estas nuevas complejidades en el habitar.
En definitiva, la actual crisis de la vivienda no es menos grave que la de principios del siglo XX, aunque sus causas sean distintas. Si entonces el problema era la falta de conocimiento y regulación frente a un crecimiento urbano explosivo, hoy es la subordinación del habitar a lógicas económicas que priorizan la renta por sobre el bienestar.
La arquitectura, como disciplina, enfrenta nuevamente un desafío crucial. No alcanza con producir buenos proyectos en términos formales o técnicos. Es necesario repensar su articulación con políticas públicas, marcos regulatorios y modelos de gestión del suelo. Tal como ocurrió hace un siglo, la solución no será exclusivamente arquitectónica, pero difícilmente pueda prescindir de ella.
La historia sugiere que los avances en vivienda no son lineales ni irreversibles. Lo que fue conquistado puede perderse. En este sentido, la hipótesis de un retorno a condiciones similares a las de principios del siglo XX no es una exageración retórica, sino una advertencia. Si en esta problemática no se reequilibran las relaciones entre mercado, Estado y sociedad, el derecho a la vivienda corre el riesgo de convertirse, nuevamente, en un privilegio.
