El expresidente de Honduras Juan Orlando Hernández, de 55 años, ha sido condenado este miércoles en Nueva York a 45 años de prisión por asociarse durante más de una década con narcotraficantes que pagaban sobornos para asegurarse de que más de 400 toneladas de cocaína llegaran a Estados Unidos. El exmandatario ha sido condenado también al pago de una multa de ocho millones de dólares. La sentencia es, según el tribunal, una advertencia a los individuos “bien educados y bien vestidos” que adquieren poder y piensan que su estatus les blinda ante la justicia. Hernández, que se libra de la cadena perpetua que solicitaba la fiscalía, había sido declarado culpable en marzo por el tribunal federal de Manhattan tras un juicio de dos semanas, que fue seguido casi al minuto en Honduras. El juez Kevin Castel ha emplazado hoy a la defensa a aclarar en un plazo de dos semanas cómo pagará la abultada multa.
Hernández, desafiante, protestó contra la sentencia. “Soy inocente”, dijo a través de un intérprete. “Fui acusado errónea e injustamente”. En un prolongado y extemporáneo alegato, interrumpido varias veces por el juez, el expresidente se presentó como un héroe del movimiento antidroga y se jactó de su alianza con las autoridades estadounidenses bajo tres administraciones presidenciales para reducir las importaciones de droga al país. No obstante, parecía tener muy asumido su destino antes de conocer la sentencia. “Lo más seguro es que estaré preso de por vida”, afirmó hoy a su llegada al tribunal.
La sentencia confirma la caída en desgracia del exgobernante, que mientras se mantuvo en el poder, entre 2014 y 2022, se declaró fiel aliado de Estados Unidos en la lucha contra el narcotráfico. Hace casi tres años, su hermano Juan Antonio fue condenado también en Nueva York a cadena perpetua por la misma causa. Dos años antes, la fiscalía de Manhattan acusó a Hernández, en el poder entonces, de recibir un millón de dólares del capo mexicano Joaquín El Chapo Guzmán.
El juicio comenzó el pasado mes de febrero y las autoridades estadounidenses acusaron al exmandatario de haber recurrido a la Policía, el Ejército y el sistema judicial de su país para “proteger” a narcotraficantes
