Tras cuatro semanas de protestas, la Cámara de Diputados de Bolivia realizó el martes una sesión virtual para debatir un proyecto de ley para eliminar restricciones a la intervención de las Fuerzas Armadas en conflictos internos.
Por su parte, el Gobierno de Bolivia reconoció la muerte de un manifestante durante los enfrentamientos derivados de la operación militar y policial que intentó despejar una carretera troncal del occidente del país ocupada por sectores que exigen la renuncia del presidente, Rodrigo Paz.
Ley de Estado de Excepción
El diputado y promotor del proyecto de ley Carlos Alarcón, de la alianza Unidad, declaró al canal Unitel que “puede haber una amplia mayoría” a favor de la derogación de la Ley de Estado de Excepción de octubre de 2020, aprobada después de la crisis política y social de 2019 tras la renuncia de Evo Morales a la Presidencia.
Explicó que la sesión se realizó de manera virtual tanto por cuestiones de seguridad como por las dificultades de los legisladores para llegar a La Paz, sede del Gobierno y del Poder Legislativo, debido a las protestas. Al cierre de esta edición, la iniciativa no había sido sometida a votación.
Alarcón sostuvo que con esa norma se removerá el “principal obstáculo que tiene el Gobierno y el presidente para poder decretar el estado de excepción si es que así lo ve conveniente”.
La actual ley reglamenta la aplicación del estado de excepción previsto en la Constitución y establece ciertas limitaciones, entre ellas que las Fuerzas Armadas solo pueden intervenir cuando la Policía haya sido superada en su intento de controlar un conflicto.
Según los legisladores, con la abrogación de la ley se permitirá una intervención más amplia de las Fuerzas Armadas en el control de los bloqueos de carreteras.
Emilio Rodas, analista y exviceministro de Autonomías de Bolivia, criticó el proyecto de ley en diálogo con Página/12. “El uso de la fuerza no es irrestricto, tenés que tener la espalda suficiente y el pecho suficiente para poder aguantar las consecuencias del uso de la fuerza, y el gobierno en este momento no lo tiene,” señaló.
“Si bien las fuerzas de seguridad tuvieron hasta ahora un desplazamiento limitado, con algunos matices de abuso del uso de la fuerza, el gobierno intenta tramitar esta ley para generar miedo en los movilizados” destacó el analista.
Rodas advirtió que el conflicto se encuentra en un punto muerto: “Las organizaciones movilizadas que no han construído una agenda alternativa para la negociación, no tienen canales alternativos de comunicación con el gobierno y por tanto la demanda de la renuncia se plantea como innegociable. Sobre esa base no hay posibilidad de negociación” explicó.
“Este gobierno sitúa el conflicto “en una crítica al clientelismo de la dirigencia sindical, cuando en realidad tiene un componente político mucho más fuerte,” el analista señaló.
Según Rodas, el presidente boliviano aborda aborda el conflicto como si se tratara solamente de una demanda por bonos o dádivas, cuando el problema es más profundo. “El Estado Plurinacional se diseñó precisamente para garantizar la participación ciudadana y de los movimientos sociales en la constitución de los órganos de poder. Desde hace seis meses, el gobierno marginó de cualquier participación a los movimientos sociales. El presidente no ha querido entender esa dimensión del conflicto."
En este sentido, Rodas afirmó que la desaparición del Movimiento al Socialismo (MAS) desencadenó la actual crisis política. “Toda la estructura social y corporativa de las organizaciones sociales quedó sin referencia política en el gobierno y en la oposición. Eso ahora produce esta crisis: no hay un interlocutor en la negociación”.
Un muerto en las manifestaciones
Mientras tanto, el vocero presidencial José Luis Gálvez comunicó a los medios: “En la madrugada (del domingo), tuvimos conocimiento del fallecimiento de un ciudadano y hemos expresado a través de distintos medios nuestro pesar porque ningún boliviano debería perder la vida bajo ninguna circunstancia similar”.
Anteriormente, los medios locales publicaron un reporte forense que certificó la muerte de un civil, Víctor Cruz Quispe, por un “proyectil de arma de fuego”, tras un examen realizado en el Hospital de Clínicas de La Paz.
El suceso ocurrió cerca de la localidad de Vilaque, donde se enfrentaron agentes policiales y militares con los manifestantes.
Los militares y policías buscaban desbloquear durante el sábado la carretera troncal entre las ciudades de La Paz y Oruro para facilitar la llegada de alimentos, combustible e insumos médicos a la sede del Gobierno y a El Alto. Sin embargo, el operativo fue suspendido tras los enfrentamientos en varios tramos de la ruta.
Gálvez sostuvo que ninguno de los efectivos militares y policiales que intervinieron en la operación portaba un arma de ningún calibre y que llevaron gases lacrimógenos para usarlos de manera disuasiva.
Además, aseguró que desde el Ejecutivo se buscará que haya una “correcta investigación” del suceso “y el que haya asesinado tiene que pagar”, pues “la ley no está para ser rota y nadie está por encima de la ley”.
Rodas afirmó que “siempre fue un altísimo riesgo intervenir violentamente un punto de bloqueo” y advirtió que, como el país no tiene un ejército profesional numeroso, “los militares recurren principalmente a soldados conscriptos que no tienen experiencia represiva. Ese es un riesgo que el gobierno está asumiendo y que le puede traer consecuencias graves”.
Página 12
