El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, promulgó este miércoles una ley que elimina las restricciones a la intervención de las Fuerzas Armadas en conflictos internos, en medio de las protestas y bloqueos de rutas impulsados por sindicatos campesinos y obreros que exigen su renuncia. Además, lanzó el Consejo Económico y Social para abrir una instancia de diálogo, aunque advirtió que a los manifestantes “se les acaba el tiempo” para negociar.
La norma firmada por Paz fue publicada en la Gaceta Oficial del Estado horas después de ser aprobada por la Cámara de Diputados, cuyos legisladores la debatieron el martes de manera virtual. La nueva ley, que el fin de semana fue aprobada en el Senado, deroga totalmente la ley 1341 sobre “Estados de Excepción” que rigió desde octubre de 2020 y que establecía limitaciones para la participación de las Fuerzas Armadas ante protestas sociales en el control de los conflictos.
Su promulgación no implica que se dicte automáticamente el estado de excepción, pero el presidente puede disponer ahora, si lo considera necesario, de ese recurso constitucional para afrontar los conflictos que golpean a varias regiones del país, especialmente las andinas de La Paz, Oruro y Potosí, según los legisladores.
La ley 1341 reglamentaba cuatro artículos de la Constitución boliviana dedicados al estado de excepción y señalaba, entre otras disposiciones, que se dispondrá de las Fuerzas Armadas en el control de disturbios civiles siempre que la Policía “hubiera sido superada y no exista otro medio efectivo para restablecer el orden”. También limitaba a 60 días la duración de la medida.
La Carta Magna vigente desde 2009 permite declarar mediante decreto el estado de excepción en todo o parte del país ante una conmoción interna y establece que esta medida no podrá suspender las garantías ni los derechos fundamentales, además de que su vigencia estará sujeta a la aprobación del Legislativo en un plazo de 72 horas.
“Esto está llegando al límite”
El Gobierno de Paz, que lleva poco más de seis meses de gestión, ha asegurado que la declaración del estado de excepción es la última opción a la que recurrirá si el diálogo no prospera. “El país necesita orden y esto está llegando al límite. El tiempo se acaba”, advirtió el mandatario de centro derecha en el discurso con el que dio inicio al Consejo Económico y Social, una instancia con la que busca abrir una vía de diálogo. “Los espero, vengan con todas sus organizaciones. Estaremos para dialogar”, insistió, dirigiéndose a los sectores campesinos y obreros que encabezan las manifestaciones.
Las medidas de presión responden a convocatorias realizadas por la Central Obrera Boliviana (COB) y la Federación Departamental de Trabajadores Campesinos “Túpac Katari”, sectores que, antes, exigían soluciones a la crisis por combustibles y, ahora, mantienen como principal demanda la renuncia del presidente Rodrigo Paz.
El mandatario también sostuvo que no considera correcto que no se permita trabajar a su Gobierno, que lleva seis meses en el poder frente a los 245 meses que tuvieron las Administraciones anteriores, aludiendo a los expresidentes Evo Morales (2006-2019) y Luis Arce (2020-2025). “El que quiera destruir la patria se las va a ver con este presidente y con toda la fuerza de la Constitución”, advirtió, en alusión a los estados de excepción. “A los policías, a las Fuerzas Armadas: siéntanse seguros de que su pueblo los está respaldando”, agregó.
Asimismo, Paz afirmó que como gobernante debe atender las demandas tanto de las regiones andinas del oeste como de las zonas orientales del país, en respuesta a las críticas de sectores que lo acusan de haber descuidado parte de su base electoral en el altiplano para priorizar las exigencias del empresariado de Santa Cruz, la región más poblada y principal motor económico de Bolivia.
Marchas y bloqueos
En paralelo, miles de personas marcharon nuevamente este miércoles por las calles del centro de La Paz, liderados por mujeres aimaras que llevaban cacerolas vacías, donde se unieron en una sola protesta con choferes en huelga que paralizaron el transporte público. El país registró en la jornada 64 puntos de bloqueo instalados en al menos cuatro departamentos del país, según datos de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), citados por el medio boliviano La Razón. La Paz concentra la mayor cantidad de cortes de ruta y se mantiene como el principal foco del conflicto, con bloqueos en rutas estratégicas que conectan el altiplano, provincias y zonas fronterizas.
El impacto de los bloqueos ya afecta el traslado de alimentos, medicamentos, oxígeno y otros productos esenciales, especialmente hacia el departamento de La Paz, donde en los últimos días crecieron las denuncias por desabastecimiento y aumento de precios. Entre los puntos bloqueados en La Paz están las rutas como Patacamaya-Huarina, Desaguadero-Patamanta, Alto Lima-Río Seco, Guaqui-Desaguadero y otros tramos que conectan con el altiplano y pasos fronterizos.
En Cochabamba también persisten cortes en sectores como Llavini-Bombeo, Pongo-Confital, Colomi-Sacaba y Epizana-Tiraque. En Oruro se reportan bloqueos en rutas cercanas a Caracollo, Paria-Caihuasi y Challapata, mientras que en Potosí las medidas se concentran en accesos hacia Betanzos y Yocalla. Santa Cruz también registra interrupciones en carreteras como Los Troncos-Núcleo I y San Germán, en el límite con Cochabamba.
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