Más de un millón de inmigrantes presentaron los papeles para regularizar su situación en España bajo el plan lanzado por el Gobierno, que concluyó este martes, anunció el presidente del Ejecutivo español, Pedro Sánchez, pese a la oposición de la derecha y la extrema derecha.
Partidario de una política de acogida, el gobierno de Sánchez constituye una excepción en materia de migración en la Unión Europea, a contracorriente de gran parte de sus socios. “Queremos que el mundo vea a España como un país que respeta, que protege y que ampara los derechos humanos”, indicó el mandatario en su discurso sobre esta decisión que considera buena para la economía española.
Según este plan de regularización masiva, las autoridades disponen de tres meses para tramitar las peticiones y conceder —o no— a los solicitantes un permiso de residencia y trabajo válido únicamente en España. Las personas interesadas debían justificar al menos cinco meses de presencia en territorio español al 1 de enero y demostrar igualmente que no tienen antecedentes penales. Cuando se abrió el procedimiento a mediados de abril, el gobierno calculó que se beneficiaría a alrededor de medio millón de personas, en su gran mayoría migrantes latinoamericanos.
“Este plan es un paso clave para sacar de la invisibilidad una realidad que existe en nuestro país, de cientos de miles de personas que conviven entre nosotros”, señaló Sánchez, quien insistió en querer defender una política migratoria legal, segura y ordenada. “La inmigración ayuda a cubrir necesidades laborales, también a sostener el Estado del bienestar y mantiene vivos muchos territorios”, consideró el presidente del Gobierno, quien también hizo referencia al envejecimiento de la población. “Sin inmigración, España perdería un 19% de su PBI en 2050”, aseguró.
Este enfoque pragmático ya fue especialmente celebrado en los últimos meses por el presidente de la principal organización empresarial española (Ceoe), en un contexto marcado por las dificultades de contratación en ciertos sectores de actividad.
Por otro lado, el líder socialista acusó al Partido Popular –principal formación de la oposición de derechas– y al ultraderechista Vox, ambas opuestas al plan, de alimentar el miedo y agitar discursos xenófobos. “La convivencia no está libre de tensiones, lo sabemos. Por eso creo que integrar y otorgar ciudadanía no es negar los problemas, los desafíos que tenemos por delante. Es reconocerlos, es afrontarlos y resolverlos”, subrayó Sánchez.
En España, una de las principales puertas de entrada de la inmigración en Europa, cerca de 37.000 inmigrantes irregulares entraron en 2025, una cifra que supone un fuerte descenso con respecto a 2024 (-42,6%), según el Ministerio del Interior. El 1 de enero, más de 10 millones de personas nacidas en el extranjero vivían en España, que cuenta con una población total de casi 50 millones de habitantes, según el Instituto Nacional de Estadística (INE). Sánchez convirtió su plan de regularización en el estandarte de la acción de su gobierno, a un año del final previsto de la legislatura.
Página 12
