La Fiscalía de Bolivia ordenó este miércoles la captura del expresidente Evo Morales (foto), acusado de terrorismo, alzamiento armado contra la seguridad y soberanía del Estado y otros delitos por su presunta implicación en las protestas y cortes de ruta registrados entre mayo y junio para exigir la renuncia del presidente Rodrigo Paz.
Desde el Trópico de Cochabamba, Morales sostuvo que las autoridades no lo van a intimidar.
La orden, dictada por el fiscal Brayan Melgar, también atribuye a Morales los presuntos delitos de atentado contra la seguridad de los medios de transporte, asociación delictuosa, instigación pública a delinquir y atentado contra la seguridad de los servicios públicos.
Durante siete semanas, entre mayo y junio, campesinos de La Paz y la Central Obrera Boliviana (COB) impulsaron bloqueos de carreteras, principalmente en el oeste y el centro de Bolivia, con el respaldo de grupos afines a Morales, para exigir la renuncia del presidente Paz.
Los cortes provocaron desabastecimiento de alimentos, combustibles y oxígeno medicinal en varias ciudades, dejaron al menos 16 fallecidos, 13 de ellos por la falta de atención médica oportuna debido a los cortes de vías, y ocasionaron 3 millones de dólares en pérdidas económicas.
La acción legal también incluye al máximo dirigente de la COB, Marco Argollo, y el principal líder de los campesinos de La Paz, Vicente Salazar, quien permanece en detención preventiva desde el 6 de julio por otra investigación relacionada con estos mismos hechos.
Morales niega haber promovido la renuncia de Paz y sostiene que las movilizaciones buscaban que el gobierno respondiera a las demandas de los sectores movilizados. A su juicio, el gobierno busca responsabilizarlo de las protestas “para ocultar el verdadero drama que vive Bolivia: una profunda crisis económica y social, fruto de un modelo que ha abandonado al pueblo y protege la corrupción”.
Página 12
