La Corte Suprema de Estados Unidos permitió el martes que la administración del presidente Donald Trump reanudara la deportación de migrantes a países distintos al suyo sin ofrecerles la oportunidad de demostrar los daños que podrían enfrentar, reforzando una herramienta que su administración ha utilizado para expulsiones rápidas como parte de su represión migratoria.
El tribunal concedió la solicitud de emergencia del Departamento de Justicia para suspender el fallo del juez federal Brian Murphy, con sede en Boston, que declara ilegal la política del Departamento de Seguridad Nacional de deportar migrantes a los llamados terceros países. El tribunal también acordó escuchar los argumentos en la disputa en diciembre, tras lo cual se emitirá un fallo formal sobre dicha política.
El tribunal tiene una mayoría conservadora de 6 a 3. Sus tres magistrados liberales discreparon de la decisión de permitir que las deportaciones se reanuden de inmediato a la espera del resultado final del litigio.
El fallo de Murphy se produjo en una demanda colectiva presentada por grupos de defensa de los derechos de los inmigrantes en nombre de los migrantes que buscaban impedir que el gobierno estadounidense los enviara a terceros países sin previo aviso y sin darles la oportunidad de exponer los daños que podrían sufrir.
Según un recuento realizado por grupos de derechos humanos, más de 25.000 migrantes han sido deportados a 29 países en virtud de la política implementada el año pasado, y la gran mayoría ha sido destinada a México.
Esta política es una de las diversas medidas que la administración ha tomado para lograr el objetivo de Trump de deportar masivamente. El presidente republicano ha intensificado la represión contra la inmigración —una de sus principales prioridades— desde que regresó al cargo el año pasado.
La administración ha llevado a cabo deportaciones a terceros países, concretamente a Sudán del Sur, un país políticamente inestable que el Departamento de Estado de EE. UU. insta a los estadounidenses a evitar debido a los riesgos de delincuencia, secuestro y conflicto armado, así como a Uganda , Guinea Ecuatorial , Liberia , la República Centroafricana y otros países.
El asesor jurídico general del Departamento de Seguridad Nacional, James Percival, celebró la decisión del tribunal.
"Un mal día tanto para los delincuentes ilegales como para los activistas a favor de las fronteras abiertas", escribió Percival en las redes sociales.
Trina Realmuto, abogada de los demandantes de la Alianza Nacional de Litigios sobre Inmigración, declaró que el tribunal ha permitido que la administración reanude el envío de personas a terceros países donde corren el riesgo de ser perseguidas o torturadas. Esto representa un resultado devastador para las personas que podrían ser subidas a un avión sin previo aviso ni oportunidad de presentar una reclamación por temor a ser víctimas de una agresión.
En febrero, Murphy dictaminó que la política viola los procedimientos de la ley de inmigración y las garantías procesales establecidas en la Quinta Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos. El debido proceso generalmente exige que el gobierno notifique y brinde la oportunidad de una audiencia antes de tomar ciertas medidas adversas.
El Tribunal Supremo, que ha respaldado varias de las políticas migratorias de línea dura de Trump, falló previamente a favor del gobierno en la impugnación legal, suspendiendo una orden preliminar que Murphy había emitido anteriormente en el caso para detener las deportaciones. En otra victoria para el gobierno, el Tribunal Supremo posteriormente levantó las restricciones que el juez había impuesto para proteger a un grupo de hombres de ser enviados a Sudán del Sur .
El caso comenzó en 2025 después de que el Departamento de Seguridad Nacional tomara medidas para intensificar las deportaciones de migrantes que no pueden ser devueltos a ninguno de los países que figuran en sus órdenes de deportación.
Con información de Reuters
