La primera revisión del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) dejó varias definiciones sobre el escenario económico actual, pero también algunas pistas para lo que viene. A grandes rasgos, el organismo respaldó el rumbo del programa, aunque también hizo advertencias por la falta de dólares y el Ejecutivo le presentó un listado donde dejó asentados sus compromisos.
Como punto troncal, el Gobierno incumplió con la meta pactada de acumulación de reservas, pero mostró un buen desempeño sobre los números fiscales. La primera variable es, sin dudas, la más endeble dentro del entendimiento. En concreto, según el documento del FMI, al 13 de junio, las reservas netas alcanzaron los -US$4700 millones, muy lejos de lo previsto.
Por eso, el Fondo modificó ese objetivo: originalmente la pauta marcaba que para fin de este año las reservas netas debían ser positivas en US$2400 millones y ahora deben terminar -US$2600 millones. Es una diferencia de US$5000 millones.
Sobre este punto, el FMI dijo que se están implementando medidas “correctivas” para aumentar las reservas, que incluyen emisiones de bonos, compras “en bloque”, y se espera que la acumulación provenga de la privatización y venta de activos y concesiones, así como apoyo de otros acreedores.
Lo cierto es que el Fondo dejó en claro que el principal foco de preocupación sobre la Argentina está puesto sobre el frente externo. De hecho, cuando se cerró el acuerdo en abril se esperaba que la cuenta corriente mostrara un déficit de 0,4% del PBI y ahora se espera que llegue al 1,7%. Esto es, cuatro veces por encima de lo pactado.
Hacia adelante, el organismo también alertó sobre los riesgos de la incertidumbre preelectoral. “La posible volatilidad previa a las elecciones de mitad de mandato podría poner a prueba las aún incipientes reservas externas de la Argentina. Además, la excesiva dependencia de las entradas de cartera a corto plazo para financiar la cuenta corriente podría resultar en una interrupción repentina que podría frustrar los avances en la estabilización”, indicó el documento.
“Se debe preservar la flexibilidad cambiaria, mientras se mantienen los esfuerzos para reconstruir las reservas. Esto es fundamental para que Argentina pueda gestionar mejor los shocks y acceder de forma duradera a los mercados internacionales de capital en condiciones más favorables”, expresó el FMI.
La lista de compromisos que el Gobierno le presentó al FMI
Más allá de estas pautas a nivel macro, el Gobierno también le presentó al FMI un listado con algunos compromisos previstos para los próximos meses e incluso para fines de 2026.
En primer lugar, el Ejecutivo dijo que a finales de septiembre desarrollará un plan para “eliminar las entidades extrapresupuestarias ineficientes, con el fin de mejorar su gobernanza” y presentará al Congreso el proyecto de Presupuesto para 2026 especificando la regla del “déficit cero”. De todos modos, por ley esta iniciativa debe ser enviada al Poder Legislativo antes del 15 de septiembre.
A mediados de noviembre, por otra parte, publicará un informe de las empresas estatales que quedaron bajo la órbita de la Ley Bases con una hoja de ruta para su privatización. A su vez, dijo que iba a “publicar las directrices necesarias para asegurar un proceso de privatización eficiente y transparente”.
Sumado a esto, a fines de noviembre se espera avanzar en la desregulación del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) y publicar un informe sobre la implementación de varias de las recomendaciones clave del GAFI, “con prioridad temprana en las medidas de monitoreo y análisis estratégico para abordar los riesgos transfronterizos de lavado de dinero y la implementación de exenciones basadas en el riesgo para mejorar la eficiencia del sector público”.
Ya para diciembre, el Gobierno prometió eliminar todos los fondos fiduciarios a excepción del fondo para subsidios al gas residencial. Tal como explicó TN, entre los fideicomisos todavía quedan en pie el Fondo de Garantía Argentino (FOGAR), el Fondo Fiduciario para la Promoción de la Economía del Conocimiento (FONPEC), el de Infraestructura de Transporte y el Fondo Fiduciario de Infraestructura Hídrica.
A fin de este año, además, se espera completar la integración de las bases de datos administrativas de un registro social único (Sistema de Indicadores Sociales, SIS), en colaboración con el Banco Mundial, para mejorar la focalización y la eficiencia del apoyo social. Asimismo, se desarrollará una propuesta para “mejorar la eficiencia y la simplicidad” del sistema tributario y se ampliará la cobertura del Sistema Integrado de Información Financiera (e-SIDIF), en colaboración con el BID, para incluir a otros organismos y agencias gubernamentales.
En diciembre del año que viene, por último, el Gobierno dijo que presentaría al Congreso un informe sobre la situación del sistema previsional para “mejorar su equidad y sostenibilidad”; y también entregará un plan para “modernizar la Legislación de Responsabilidad Fiscal”.
TN
