El conflicto entre el Gobierno nacional y las universidades suma un nuevo capítulo de tensión. Este jueves, estudiantes, docentes, nodocentes y autoridades de todo el país llevarán adelante la 5° Marcha Federal Universitaria en rechazo a las continuas apelaciones para congelar la aplicación de los fondos aprobados por el Poder Legislativo.
La medida se da luego de un freno judicial al Decreto 759/2025, con el que la Casa Rosada pretendía condicionar el presupuesto, y tras reclamos estudiantiles en la Secretaría de Educación que derivaron en denuncias por parte del Ministerio de Capital Humano. Desde el sector académico advierten que la falta de actualización salarial y de partidas presupuestarias pone en riesgo el funcionamiento básico de las casas de altos estudios.
5° Marcha Federal Universitaria
La convocatoria nacional cuenta con el respaldo unánime de los gremios docentes, no docentes, las federaciones estudiantiles y el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN). El reclamo central gira en torno al cumplimiento estricto de los aumentos pendientes, entre los que se calcula un 33% adeudado para los salarios del personal universitario y un atraso del 100% en becas estudiantiles.
Anselmo Torres, rector de la Universidad Nacional de Río Negro y vicepresidente del CIN, enfatizó la gravedad institucional del conflicto al señalar que "el Poder Ejecutivo no tiene atribuciones para suspender una Ley sancionada por el Congreso". En ese sentido, Clara Chevalier, secretaria general de Conadu, remarcó que la movilización responde a la falta de respuestas oficiales y “prueba la resistencia de las universidades y sus trabajadores".
Las autoridades universitarias alertaron sobre la brecha en la discusión del Presupuesto 2027, donde el Ejecutivo propone un techo de 7,3 billones de pesos frente a los 11 billones solicitados por los rectores para garantizar la investigación y la enseñanza.
Qué dice la Ley de Financiamiento Universitario
La Ley N.º 27.795 de Financiamiento Universitario establece un mecanismo de actualización periódica y automática del presupuesto operativo de las universidades públicas de la Argentina, regulado según las variaciones del Índice de Precios al Consumidor (IPC) que mide el Indec.
A través de este marco regulatorio, la norma busca proteger la continuidad de las tareas de investigación, sostener los programas de becas para el ingreso y permanencia estudiantil, y garantizar paritarias ajustadas a la evolución de la inflación.
Aunque el Ejecutivo buscó trabar su puesta en marcha mediante decretos reglamentarios amparados en la búsqueda del equilibrio fiscal, diversos fallos judiciales le ordenaron al Estado aplicar los aumentos previstos para el sector.
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