En cuestión de días, el Gobierno publicará un decreto que efectivizará un plan de retiros voluntarios para el personal civil de planta permanente, el cual abarcará tanto a los empleados públicos que integran la administración pública nacional centralizada y los organismos desconcentrados.
El objetivo de la medida no es otro que el de continuar reduciendo el número de trabajadores que trabajan en el Poder Ejecutivo y sus dependencias. Una estimación realizada por el propio gobierno arrojó que la actual gestión libertaria redujo en 74.332 personas la dotación entre noviembre de 2023 y agosto de 2026, una baja de 21,6% que incluyó a la administración pública y a las empresas estatales. El Gobierno estimó que la disminución representó un ahorro superior a USD 2.500 millones desde el inicio de la gestión.
Dos funcionarios del Gobierno confirmaron a Infobae que el decreto se publicará en cuestión de días y que ya terminó de confeccionarse y que las inscripciones para los retiros voluntarios arrancarán en noviembre. “Se va a comunicar en breve para que los que estén interesados puedan ir asesorándose”, afirmaron. La información fue revelada primero por la periodista Florencia Donovan de La Nación.
La medida fue trabajada por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado que lidera Federico Sturzenegger, ya que es el área competente para la aplicación de medidas vinculadas a las reformas de la dotación estatal. Más específicamente, esas cuestiones competen al Secretario de Transformación del Estado y Función Pública, Maximiliano Fariña, que tiene a su cargo a la subsecretaria de Modernización del Empleo Público, Rosana Reggi, y el subsecretario de Reforma Estatal, Alejandro Tamer.
En el Gobierno esperan que la convocatoria sea amplia y que se anoten, de mínima, más de 1.000 personas. Explican que habrá tres grupos en particular a los que se les orientará el retiro:
-Empleados que están en edad para jubilarse y que tengan los años de aportes.
-Empleados en edad para jubilarse pero a pocos años de cumplir con los aportes necesarios.
-Empleados más jóvenes pero que quieren irse de la función pública.
“A los primeros les permitiríamos iniciar los trámites y facilitar el proceso. A los segundos les puede llegar a servir porque con ese dinero se paga la moratoria y después se jubila. Y quienes todavía no tienen la edad para jubilarse pero se quiere ir, seguramente le sirva llevarse la plata. Para cada uno de estos grupos, el dinero que se va a llevar es diferente, por supuesto”, explica una fuente que vio el decreto.
Milei defendió su política de recorte en la dotación pública una semana atrás durante una entrevista con Bloomberg en Nueva York. Consultado por el aumento de la desocupación, el Presidente se defendió diciendo que “la economía argentina ha generado 520.000 puestos de trabajo y, si uno suma que además echó a 80 mil del sector público, la expansión es de 600 mil”.
El secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), Rodolfo Aguiar, expresó el rechazo sindical que produce la inminente medida: “Para nosotros no existe el retiro voluntario. Se tratan de despidos encubiertos. Son medidas que buscan seguir el achique del Estado y la disminución de la planta del Estado. Desde ATE rechazamos y en el caso de que esto avance y se instrumente de manera generalizada, se alentará a los trabajadores para que no adhieran a cualquier régimen. No descartamos que en la asamblea se apliquen medidas de fuerza para repeler esta posibilidad”.
