A partir de abril, el Gobierno nacional dejará de pagar cerca de 900 mil planes sociales de $ 78 mil mensuales y los reemplazará por vouchers de capacitación laboral. El objetivo de la decisión es orientar la asistencia hacia la inserción en el empleo.
La decisión impacta directamente sobre el programa Volver al Trabajo, que reemplazó al Potenciar Trabajo, y cuyos beneficiarios ya comenzaron a recibir notificaciones oficiales sobre el fin del esquema.
Según indicaron fuentes del Ministerio de Capital Humano, quienes estaban dentro del programa deberán optar por inscribirse en el nuevo sistema si quieren continuar recibiendo apoyo estatal.
Un giro en la política social
El cambio implica abandonar el modelo de transferencias directas generalizadas para avanzar hacia un esquema con condiciones vinculadas a la formación.
En el nuevo sistema, los beneficiarios recibirán vouchers que deberán utilizar en cursos de capacitación laboral dentro de una red de instituciones. Las sedes aún se están organizando a nivel nacional.
“El objetivo es que el apoyo esté asociado a resultados concretos”, señalaron desde el Gobierno. La medida también consolida el fin de la intermediación de organizaciones sociales en la gestión de los planes.
Qué deberán hacer los beneficiarios
Para acceder al nuevo esquema, las personas deberán inscribirse y elegir una capacitación. El cumplimiento será obligatorio: habrá controles de asistencia y permanencia. Quienes abandonen los cursos perderán el beneficio y no podrán volver a ingresar.
El monto de los vouchers todavía no fue definido y dependerá de factores como la cantidad de inscriptos y el costo de cada formación.
A quiénes alcanza
El recorte afecta a unos 900 mil titulares considerados en condiciones de insertarse en el mercado laboral. En paralelo, unas 300 mil personas continuarán dentro de programas de asistencia más permanente, vinculados a situaciones de mayor vulnerabilidad.
Desde el oficialismo estiman que no todos los beneficiarios actuales migrarán al nuevo sistema, ya que parte de ellos ya realiza actividades informales.
La eliminación de estos planes representa un ahorro potencial cercano a los $ 60 mil millones mensuales para el Estado. Sin embargo, parte de esos recursos será destinada a financiar las capacitaciones y reforzar políticas educativas.
La Voz
