El juez federal Alejo Ramos Padilla dejó sin efecto la medida cautelar que había ordenado al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, a adoptar de inmediato las medidas administrativas y presupuestarias necesarias para asegurar el normal funcionamiento del Banco Nacional de Datos Genéticos.
La decisión se tomó después de que el Gobierno transfirió una partida de 590 millones de pesos, lo que evitó la paralización de los estudios de ADN clave en causas por apropiación de niños durante la última dictadura.
La cautelar había sido solicitada por los fiscales Pablo Parenti y Gonzalo Miranda, a cargo de la Unidad Fiscal Especializada en Causas de Apropiación de Niños durante el Terrorismo de Estado (Uficante). También se sumó como querellante la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, cuya presidenta, Estela de Carlotto, expresó su preocupación por el “carácter irremplazable” de las muestras biológicas y genéticas que custodia el banco.
En la resolución, a la que tuvo acceso TN, Ramos Padilla explicó que “la Jefatura de Gabinete de Ministros, luego de haber recibido la comunicación de la medida cautelar interina dictada en el presente y el requerimiento del informe previo, articuló una serie de reuniones con las autoridades del BNDG y asumió el compromiso de afrontar mayores partidas presupuestarias“.
Por ese motivo, profundizó el juez, “corresponde concluir que la finalidad preventiva perseguida mediante la tutela cautelar interina oportunamente dispuesta aparece satisfecha a partir de las medidas administrativas y presupuestarias posteriormente adoptadas e informadas por las autoridades competentes, las que permitieron superar —en esta instancia— la situación de urgencia que motivó la intervención jurisdiccional".
El juez aseguró también que las medidas adoptadas hasta el momento resultan propicias “para alcanzar una solución de común acuerdo”. En esa línea, Ramos Padilla remarcó que el acuerdo arribado garantiza el correcto funcionamiento del BNDG en lo inmediato y en el transcurso del año.
Sobre el final del fallo, el juez remarcó que “cualquier asunto que se vincule con el adecuado servicio de justicia, mucho más cuando éste puede verse comprometido o resentido en áreas claves como la investigación de crímenes de lesa humanidad –que no son otra cosa que crímenes cometidos por el propio Estado– o la reparación del derecho a la identidad de aquellos centenares de niños que fueron apropiados con la participación y/o aquiescencia del Estado, es competencia ineludible de la cartera de justicia del Poder Ejecutivo Nacional, que tiene como una de sus funciones reparar esos hechos y, en particular, asistir y advertir a las otras áreas ejecutivas acerca de las obligaciones a nivel nacional e internacional que se podrían ver afectadas".
El origen del conflicto
Cuando presentaron la denuncia, los fiscales destacaron que para 2026, la Ley de Presupuesto Nacional aprobó solo el 55,96 % del monto requerido, lo que impide cubrir gastos fijos, variables y compromisos asumidos.
La directora del banco advirtió entonces que se encuentraban en riesgo inminente los servicios esenciales: limpieza, mantenimiento edilicio, vigilancia, recolección y disposición de residuos patogénicos, entre otros.
Tras analizar la demanda, Ramos Padilla aseguró que el Banco de Datos “reviste carácter de organismo técnico esencial e irremplazable para el esclarecimiento de los hechos investigados”.
Por lo tanto, “la eventual paralización o demora en la producción de pericias genéticas no sólo afecta el trámite ordinario de los expedientes, sino que compromete el cumplimiento de obligaciones internacionales asumidas por el Estado argentino en materia de investigación, juzgamiento y sanción de graves violaciones a los derechos humanos”.
La decisión recayó directamente contra Adorni, ya que la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología y el Banco Nacional de Datos Genéticos quedaron bajo la órbita de la jefatura de Gabinete.
TN
