El oficialismo de Diputados pone en marcha el debate de dos de los proyectos que envió esta semana el Ejecutivo: la Ley de Lobby y el Súper RIGI empezarán a discutirse en comisiones el miércoles que viene, con la presencia de expositores.
El "efecto mundial", aseguran, no frenará la actividad del Congreso. "Somos libertarios, no prohibimos, el que quiera viajar que lo haga pero no va a ser bien visto", aseguraron desde la Cámara. Apuntan a un junio con mucha actividad legislativa.
De hecho, este viernes el jefe de gabinete, Manuel Adorni anunció el envió de un nuevo proyecto para reformar la Ley General de Sociedades y que permitiría la creación de "sociedades automatizadas" que operen con inteligencia artificial y sin empleados; y que las sociedades puedan dirimir conflictos internos en la justicia extranjera.
Mientras tanto, el miércoles a las 14 se reunirá el plenario de Asuntos Constitucionales y Legislación General -comisiones que presiden los libertarios Nicolás Mayoraz y Santiago Santurio- para discutir el proyecto "Régimen de Gestión de Intereses", que envió la Casa Rosada y poner a la vista también otros presentados por legisladores que todavía tienen estado parlamentario como el de Miguel Angel Pichetto y Oscar Agost Carreño.
La iniciativa busca "garantizar la publicidad, transparencia, trazabilidad y probidad de las interacciones entre actores públicos y privados en los procesos de formación y toma de decisiones estatales".
En ese sentido, crea un Registro Público de Gestores de Intereses, "de acceso público, gratuito y digital, destinado a identificar a las personas humanas y jurídicas que realicen gestiones de intereses en el ámbito del Poder Ejecutivo y el Legislativo.
Una hora más tarde, a las 15, se reúnen Presupuesto, Industria, y Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva -que conducirá el libertario Bertie Benegas Lynch- por el Súper RIGI; la prioridad que el oficialismo se fijó en la Cámara Baja.
Ese texto, busca captar inversiones a partir de los 1.000 millones de dólares en sectores que no se desarrollen actualmente en el país o estén en fase experimental. Concretamente apunta a negocios de Inteligencia Artificial, producción de baterías de litio; de autos eléctricos; entre otros.
El texto plantea un esquema que estaría vigente por 5 años y exige a quienes entren ejecutar al menos el 20% del monto de inversión durante los primeros dos años.
