Sobre el cierre del primer semestre educativo, las universidades volverán a tener un paro de actividades en reclamo al cumplimiento de la ley de Financiamiento Universitario, que continúa sin ser aplicado por el Gobierno a la espera de un fallo judicial. La implementación incluye salarios a trabajadores, fondos para becas, inversión en infraestructura y presupuesto para gastos de funcionamiento.
La medida de fuerza fue anunciada por el Conadu, que nuclea a los gremios de las distintas universidades nacionales, y se extenderá desde el 16 al 20 de junio. En simultáneo se organizarán clases públicas en distintos puntos del país para el 9 de junio, que incluirán actividades frente a Tribunales en Buenos Aires -en donde funciona la Corte Suprema de Justicia. Otras iniciativas tendrán lugar en Rosario y en la ciudad de Buenos Aires el 11 y el 16 de junio, según informó el sindicato.
"Cuando haya una oferta formal esta será llevada a consulta para que decida el conjunto de la docencia de las universidades nacionales, por lo que el Plenario se declaró en estado de alerta y sesión permanente", plantea el comunicado del Conadu, que remite a la oferta de parte de la Secretaría de Educación al Consejo Interuniversitario Nacional (CIN). En simultáneo, el gremio realizó una presentación ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) contra el Gobierno por "la falta de respuesta al reclamo de convocatoria a la negociación paritaria".
Esta semana, se reunieron Alejandro Álvarez, subsecretario de Políticas Universitarias, con las dos principales autoridades del CIN, Franco Bartolacci (rector de la UNR) y Anselmo Torres (UNRN). Allí se acercó una oferta salarial intermedia a lo que establece la ley, que establece una recuperación salarial de 45,6% en términos reales, por la inflación sufrida desde diciembre del 2023. En ese marco, la propuesta del Gobierno estaría en torno a una recomposición salarial del 21,33% para el salario de junio más un 3% en octubre, junto con una suba del 20% para los gastos de funcionamiento y partidas extras para becas y hospitales universitarios.
En contraposición, Casa Rosada solicita a las universidades que retiren el litigio que se encuentra en la Corte Suprema, aspecto que las autoridades académicas rechazan.
Corte Suprema rechazó apartarse en la causa por el financiamiento universitario
La Corte Suprema de Justicia le propinó un nuevo revés al Gobierno de Javier Milei al rechazar una presentación del Estado nacional en la causa que impulsa el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) para exigir el cumplimiento de la Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del Salario Docente.
La decisión quedó plasmada en un fallo firmado este 4 de junio, en el que el máximo tribunal desestimó la queja presentada por el Poder Ejecutivo contra resoluciones previas que habían rechazado la recusación del juez de primera instancia Diego Martín Cormick y de un magistrado de la Cámara Contencioso Administrativa Federal. El Estado intentó apartarlos argumentando que se desempeñan como docente en universidades nacionales que forman parte del colectivo demandante.
Sin embargo, los jueces rechazaron ese planteo. En el fallo sostuvieron que "no se ha acreditado (...) elemento alguno que configure una causal de excusación" y remarcaron que "la actividad docente en una universidad pública no implica necesariamente un interés personal, directo y relevante en el resultado del litigio".
Además, la Corte recordó que los mecanismos de recusación y excusación son de carácter excepcional y deben interpretarse de manera restrictiva, ya que alterarían el principio constitucional del juez natural. En ese sentido, advirtió que "no puede extenderse sin fundamento una causal de apartamiento a supuestos no previstos por la ley", porque ello afectaría el normal funcionamiento del sistema judicial.
Paro en las universidades: la propuesta del Gobierno
El Gobierno les llevó a los rectores una oferta salarial presentada como un aumento pero que, si fuese aceptada, establecería una pérdida irrecuperable de más del 30% en los sueldos. Según trascendió, la propuesta fue la de otorgar un incremento del 21% a cambio de que lo rectores retiren la demanda judicial por el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, que ya tuvo dos fallos favorables pero el Poder ejecutivo aún no cumple.
Los representantes sindicales que escucharon la oferta en el marco de una reunión de autoridades con integrantes del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), la calificaron de extorsión y «una locura». De esta manera, el incipiente diálogo con el Gobierno quedó suspendido. Si bien unos pocos dirigentes intentaron encontrar un punto positivo al considerar la propuesta, de alguna manera, como un posible “inicio del cumplimiento de la ley”, la mayoría se opuso de manera contundente a aceptar un porcentaje menor del que corresponde.
En ese sentido, se tuvo en cuenta que lo que el Poder Ejecutivo presentó como un aumento sería en realidad la concreción de la idea que llevó al Congreso de la Nación para sancionar una nueva Ley de Financiamiento Educativo que sustituya la actual. Esta iniciativa gubernamental propone actualizar salarios y partidas para las universidades teniendo en cuenta la inflación a partir de 2025, sin considerar -ni ahora ni en el futuro- lo perdido en 2024.
La diferencia es sustancial: el Gobierno ofrece un 21% mientras que, según los docentes, para recuperar lo que se comieron la inflación y la falta de aumentos -lógicamente, contando 2024- se debería hablar de más del 50%.
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