El canciller Pablo Quirno anunció que el gobierno de Javier Milei actuará coordinadamente con Estados Unidos en la nueva cruzada de Donald Trump contra todo aquello que denomine “terrorismo de izquierda”. La oposición comenzó a reclamar explicaciones después de que el Departamento de Estado convocara a más de 60 países a una reunión en la que habló de los años ‘70 y dijo que era momento de volver a “aplastar” a las expresiones contestatarias.
Desde distintos sectores confirmaron a Página/12 que promoverán medidas para que Quirno explique a qué se comprometió y si ya intercambió inteligencia sobre grupos o activistas locales con Washington.
El jueves pasado, el titular del Departamento de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, convocó a una cumbre en la que sostuvo que había que identificar y mapear a la amenaza del llamado terrorismo de izquierda. “Debemos reconstruir nuestra arquitectura antiterrorista para derrotarla, tal como lo hemos hecho juntos anteriormente”, señaló. Para ello, llamó a intercambiar inteligencia y hacer que las fuerzas de seguridad actúen conjuntamente.
Desde hace unos meses, la administración Trump viene rediseñando su política antiterrorista y, al hacerlo, le dio preeminencia a su batalla contra la izquierda. Para eso, habilitó, a través del llamado Memorándum 7, el trabajo coordinado entre fuerzas de seguridad y agencias de inteligencia. Entre las amenazas “radicales”, la Casa Blanca llegó a incluir protestas contra la Corte Suprema. Así lo detalló Stephen Miller, consejero de Trump que participó del encuentro. En su alocución, Miller llegó a decir que el sistema legal no funciona para hacer frente a este supuesto resurgimiento del terrorismo.
Durante la cumbre, repetidamente se habló de lo sucedido en los años ‘70. Rubio incluso llegó a mencionar a Montoneros y Tupamaros como ejemplos de las “amenazas” que combatieron en el pasado. Ese “combate” se tradujo en dictaduras que secuestraron, torturaron, asesinaron e hicieron desaparecer personas.
La comparación obligada fue con el Plan Cóndor, que tuvo su reunión fundacional en 1975 en Chile, donde Augusto Pinochet había arrebatado el poder con el auxilio de la CIA. “El ‘Plan Cóndor’ fue un acuerdo llevado a cabo entre las dictaduras existentes en Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay, Bolivia y Brasil, con el fin de organizar un sistema de represión, persecución y aniquilamiento de los opositores políticos de izquierda en la región”, le dice a Página/12 el juez Adrián Grünberg, que presidió el tribunal que juzgó los crímenes de esta asociación ilícita regional.
“Este plan diseñó un esquema con distinto tipo de operaciones: el intercambio de información sobre los opositores políticos, incluso con la vía libre para trasladar clandestinamente de un país a otro a las personas secuestradas; también se facilitó que los grupos de inteligencia o agentes de las fuerzas armadas de los distintos países actuaran en cualquiera de los otros estados miembros del acuerdo. Finalmente, otra fase del plan consistió en la formación de equipos de tareas para viajar –con documentación falsa– a otros países para cometer secuestros o asesinatos”, añadió Grünberg.
“Es muy peligroso lo que pasó en el Departamento de Estado. Van a lanzar una caza de brujas”, opina el diputado nacional Agustín Rossi, que fue ministro de Defensa e interventor en la Agencia Federal de Inteligencia (AFI).
Para Rossi, esta cruzada convocada por Rubio –que quiere posicionarse en la interna republicana como un sucesor de Trump con bríos intervencionistas– es aún más riesgosa con el llamado Escudo de las Américas, la coalición militar en la que también participa Argentina. “Ahora, la ultraderecha pasa del discurso macartista a la acción. Por eso, vamos a requerir que nos informen por qué fue Quirno y cuáles son los compromisos que asumieron”, le adelantó a este diario.
Dentro de la Casa Rosada celebraban el discurso de Rubio y del resto de los funcionarios de Trump. El asesor Santiago Caputo tuiteó que era parte de la plataforma por la que Milei venía “batallando” en soledad desde hace casi una década. “Si Occidente no identifica claramente a los enemigos a los que se enfrenta, y adapta sus instituciones en consecuencia, está condenado a morir”, escribió el consejero que maneja los piolines de la Secretaría de Inteligencia de Estado (Side).
Myriam Bregman, diputada del FIT-U, también trabaja por estas horas en un pedido para que el Gobierno informe qué fue a hacer el canciller y si se compartió información con Estados Unidos. Según The Washington Post, a mediados del mes pasado, el Departamento de Estado les pidió información a unas 20 embajadas –entre las que se cuenta la de Argentina– sobre grupos o activistas asociados al “terrorismo de izquierda”.
“Esto preanuncia una estrategia para intervenir en todos los procesos políticos de América Latina”, denuncia Bregman. “Hay que articular con los organismos de derechos humanos y todos aquellos que estén en contra de este avasallamiento a las libertades democráticas más elementales. Hay que dar una respuesta contundente como la que dimos frente a las detenciones de los manifestantes por la Ley Bases, a quienes también quisieron acusar de terroristas. Estamos frente a un fenómeno lo suficientemente grave”, completó en diálogo con este medio.
Las advertencias no provienen solo de la oposición. Rubio fue lo suficientemente ambiguo a la hora de definir qué entiende como terrorismo político de izquierda. En su discurso, se refirió a “resentimiento ponzoñoso, disfrazado con el lenguaje de igualdad, justicia y liberación”.
Para el Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels), “dado el contenido del discurso de Rubio, con sus arengas antimarxistas y contra la izquierda en general, todo indica que la persecución se podría extender a los grupos opositores”.
El Cels también viene alertando desde hace tiempo que el Gobierno busca instalar una agenda antiterrorista. Lo hizo en junio de 2024 cuando desde la Oficina del Presidente se tuiteó que había “grupos terroristas atacando el Congreso” por las protestas contra la Ley Bases. De alguna manera, Milei busca reponer una agenda vinculada a la “amenaza de izquierda violenta” que no estaba presente en las agencias de seguridad desde los años ‘90.
En Estados Unidos, los cañones están enfocados hacia los grupos “antifa”. Patricia Bullrich se plegó a esa cruzada. En mayo del año pasado, cuando aún estaba en el Ministerio de Seguridad, el Departamento de Inteligencia contra el Crimen Organizado de la Policía Federal Argentina (PFA) denunció que había un dibujante que, desde sus redes sociales y a través de sus ilustraciones, amenazaba de muerte a la entonces ministra e incitaba a la violencia colectiva contra la PFA. El hombre fue detenido y terminó procesado por amenazas e incitación a la violencia colectiva. Desde el Gobierno se lo vinculó con los grupos “antifa” porque en el allanamiento se había encontrado una bandera.
En octubre del año pasado, el Gobierno creó un Centro Nacional Antiterrorismo (CNA) para intervenir en lo que llama el “ciclo terrorista” que va desde la propaganda, la radicalización, el reclutamiento, la logística, el financiamiento, la planificación y la ejecución de actos terroristas.
El CNA depende de la Side, y fue uno de los ejes de una notificación que enviaron días atrás cuatro relatores especiales de las Naciones Unidas al Gobierno en la que decían que los criterios que tiene la Casa Rosada para definir a organizaciones como terroristas son imprecisos y excesivamente amplios.
“Las medidas antiterroristas vagas y excesivamente amplias pueden dar lugar a una aplicación arbitraria y a abusos, incluso contra actividades legítimas de la sociedad civil, y pueden restringir el ejercicio de derechos fundamentales”, afirman los relatores Ben Saul (terrorismo), Gina Romero (reunión pacífica), Andrea Bolaños Vargas (defensores de derechos humanos) y Albert Barume (pueblos indígenas).
Página 12
