El Gobierno anunció una reforma de la Ley de Inocencia Fiscal para intentar reactivar el ingreso de los llamados “dólares del colchón” al sistema financiero. El ministro de Economía, Luis Caputo, presentó este miércoles las modificaciones que enviará al Congreso y aseguró que el proyecto no cambia el espíritu de la norma aprobada a fines de 2025, sino que incorpora herramientas para brindar mayor seguridad jurídica a los contribuyentes y despejar las dudas que habían limitado la adhesión al régimen. “Independientemente de cuál sea el gobierno de turno, los ciudadanos van a estar cubiertos”, afirmó.
Caputo encabezó la conferencia de prensa junto a la secretaria de Legal y Técnica, María Ibarzabal Murphy, y representantes de entidades profesionales que participaron de la elaboración de la iniciativa. Según explicó, las modificaciones surgieron luego de una serie de reuniones con contadores y tributaristas, quienes señalaron los principales obstáculos que presentaba la versión original de la ley y propusieron cambios para otorgar mayor previsibilidad a quienes decidan exteriorizar fondos.
“El espíritu de la ley no cambia absolutamente en nada”, sostuvo el ministro. Agregó que las modificaciones fueron pensadas para garantizar que los beneficios previstos por la ley se mantengan “independientemente de cuál sea el gobierno de turno”.
El nuevo proyecto mantiene el Régimen Simplificado del Impuesto a las Ganancias como eje del esquema, aunque incorpora modificaciones destinadas a ampliar el universo de contribuyentes alcanzados y reducir las situaciones que podrían derivar en la pérdida de beneficios. Entre los cambios se encuentran la eliminación de topes patrimoniales y de ingresos, una redefinición del concepto de “discrepancia significativa”, mayores posibilidades de rectificar declaraciones antes de perder los beneficios, límites a las presunciones que puede utilizar la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (Arca) y nuevas reglas para la bancarización de las operaciones.
Durante la presentación, Caputo insistió en la necesidad de movilizar el ahorro privado. Señaló que existe “una masa muy grande de dólares en el colchón”, aun cuando los depósitos bancarios en moneda extranjera se encuentran en niveles récord.
El ministro reiteró que el Gobierno calcula que los argentinos conservan alrededor de 170.000 millones de dólares fuera del circuito formal y sostuvo que esos recursos podrían transformarse en crédito para empresas, financiamiento de infraestructura e inversiones productivas. “Es una mala decisión tener los dólares en el colchón”, afirmó. Incluso aseguró que “el dólar también pierde” poder adquisitivo cuando permanece inmovilizado y no genera ningún rendimiento.
En defensa del programa económico, Caputo sostuvo que hoy existen condiciones diferentes a las de años anteriores. “Hoy cualquiera puede comprar dólares libremente, se pueden repatriar dividendos libremente y el Banco Central está comprando 100 millones de dólares todos los días”, señaló. A su entender, el ingreso de esos recursos al sistema financiero permitirá agilizar el funcionamiento de la economía y ampliar la oferta de crédito para familias y empresas.
El titular del Palacio de Hacienda vinculó además la iniciativa con la recuperación de la actividad económica. “Ese es el camino que buscamos profundizar. Crecer implica más trabajo y más crédito y eso es justicia social”, sostuvo. En un mensaje con contenido político agregó que “la mayor injusticia social es un país donde falta trabajo y crédito”, por lo que defendió la reforma como una herramienta para impulsar el empleo y la inversión privada.
Hasta el momento, el régimen quedó por debajo de las expectativas oficiales. Según informó Arca, unas 330.000 personas adhirieron al sistema de declaración jurada simplificada del Impuesto a las Ganancias. De ese total, 170.115 ya presentaron su declaración, mientras alrededor de 99.000 mantienen el trámite en estado de borrador. Actualmente el régimen alcanza a personas físicas con ingresos anuales de hasta 1.000 millones de pesos y patrimonios inferiores a 10.000 millones.
En paralelo, el organismo prorrogó hasta el 27 de agosto el plazo para presentar la declaración jurada del período fiscal 2025, aunque mantuvo para el 27 de julio el vencimiento del pago del saldo. El Gobierno espera que el Congreso trate la reforma durante las próximas semanas.
Página 12
