El Gobierno mantiene en agenda la desregulación marítima y analiza avanzar por el Congreso con parte de los cambios luego del conflicto que paralizó los puertos. En el Ejecutivo sostienen que existe la posibilidad de llevar por ley la reforma del cabotaje y no descartan que la discusión legislativa alcance también al régimen de practicaje, aunque en este último caso primero buscarán un acuerdo con el sector.
En la Casa Rosada reconocen que la suspensión del decreto 690/2026 significó un retroceso “fuerte” respecto de la avanzada inicial, pero aseguran que no modificó el diagnóstico de fondo sobre los costos y las regulaciones de la navegación comercial. “Se está revisando el paquete de Desregulación, pero se va a avanzar”, expresan en Nación.
La definición más concreta corresponde al cabotaje, que abarca el transporte de mercaderías o pasajeros entre puntos del territorio nacional. En Balcarce 50 admiten que existe la posibilidad de incorporar esos cambios a un proyecto de ley y remarcan que se trata de “un tema muy importante para el futuro del comercio del país”.
El practicaje constituye una discusión diferente. Se trata del servicio público mediante el cual profesionales especializados asisten a los buques durante la navegación y las maniobras en ríos, canales, pasos y puertos. La Ley de Navegación establece que está regulado y controlado por la autoridad marítima y que su forma de prestación y sus tarifas se determinan mediante reglamentación.
En el Ejecutivo no descartan que la reforma del practicaje vaya a convertirse en un proyecto de ley. En Nación reconocen que la vía legislativa está entre las posibilidades que pueden evaluarse una vez que avance la instancia de diálogo abierta tras la suspensión del decreto.
El decreto 716, que formalizó la suspensión, establece que la mesa tendrá como objetivo “lograr los consensos necesarios”. En sus fundamentos, el Ejecutivo señala además que las partes acordaron trabajar sobre un nuevo reglamento de practicaje y pilotaje y analizar la normativa aplicable para garantizar la continuidad del servicio.
La eventual intervención del Congreso aparece, por lo tanto, como una alternativa posterior y no como una decisión cerrada. Antes del conflicto, el Ministerio de Desregulación ya trabajaba en un paquete legislativo que incluía una reforma amplia del cabotaje, junto con modificaciones a distintas reglas de navegación y de la Marina Mercante.
Ese borrador define al cabotaje como el transporte de cargas o pasajeros entre puntos del territorio nacional y habilita, bajo determinadas condiciones, la participación de buques de bandera extranjera. También modifica aspectos de la Ley de Navegación, las reglas de dotación y tripulación y el régimen de promoción de la Marina Mercante.
El proyecto legislativo no contiene, sin embargo, la desregulación específica del practicaje que después fue instrumentada mediante el decreto 690. El texto menciona al practicaje dentro de los cuerpos de personal embarcado, pero no replica los cambios sobre contratación, tarifas, habilitaciones y mecanismos de reemplazo que provocaron el conflicto de esta semana.
El decreto suspendido eliminaba el límite numérico para la inscripción de prácticos habilitados, permitía su contratación directa como profesionales independientes y flexibilizaba la contratación de los medios utilizados para trasladarlos hasta los buques. También facultaba a la Anpyn a establecer tarifas máximas para las distintas prestaciones.
La norma incorporaba además mecanismos excepcionales para garantizar el servicio. La Prefectura podía prestar directamente practicaje, pilotaje o baquía, solicitar la intervención de la Armada y habilitar temporalmente a capitanes con conocimiento de zona ante una crisis que impidiera el funcionamiento normal del sistema.
Esos puntos quedaron en el centro de la disputa. Prefectura intimó a profesionales a retomar las tareas, mientras organizaciones vinculadas con capitanes y trabajadores marítimos advirtieron sobre los riesgos de reemplazar a los prácticos sin las habilitaciones correspondientes. El conflicto llegó a frenar el movimiento de más de un centenar de buques y afectó exportaciones, combustibles y operaciones vinculadas con proyectos energéticos.
En la Casa Rosada buscan ahora separar los distintos componentes de la agenda marítima y evitar una nueva avanzada sin coordinación previa. El cabotaje tiene una vía legislativa expresamente bajo análisis, mientras que el practicaje seguirá primero por la mesa de negociación y podría pasar después al Congreso. El objetivo oficial de reducir costos logísticos y aumentar la competencia sigue vigente, pero el Ejecutivo pretende definir el próximo movimiento luego de escuchar a los sectores involucrados.
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