El Consejo Interuniversitario Nacional convocó a una nueva marcha federal universitaria para el próximo 15 de octubre. Será la quinta que se realizará de este tipo durante el gobierno de Javier Milei. A la par, los gremios de la Universidad de Buenos Aires anunciaron paros escalonados entre el 21 de septiembre y el 22 de octubre.
"Ante la falta de respuesta en el ámbito paritario y judicial, el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y en el marco del debate parlamentario del presupuesto 2027, nos volvemos a encontrar para defender la universidad pública argentina y el sistema científico nacional", indicaron en un comunicado.
Desde la Federación Universitaria Argentina su presidente, Joaquín Carvalho, sostuvo que marchan "por el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, por becas que permitan estudiar, salarios dignos y el presupuesto necesario para que nuestras universidades puedan funcionar y seguir garantizando educación pública de calidad".
A su vez, Carvalho consideró que las partidas destinadas para las universidades contempladas en el proyecto de Presupuesto 2027, que esta semana envió el Gobierno al Congreso para su tratamiento son "absurdas".
Por su parte, en la Universidad de Buenos Aires habrá paros escalonados durante 23 días. La medida de fuerza, convocada por la Asociación de Docentes de la Universidad de Buenos Aires (ADUBA) y la Asociación del Personal de la UBA (APUBA), se realizará de forma rotativa y con actividades de visibilización en cada sede y unidad académica entre el lunes 21 de septiembre y el jueves 22 de octubre.
“No podemos normalizar que un gobierno decida caprichosamente que ley cumple y cuál no. En democracia la ley se cumple. La Corte Suprema se manifestó en el mismo sentido que el Congreso de la Nación, y no tiene sanción incumplir una orden judicial. Hablamos de dos poderes de la República que este gobierno no respeta”, sostuvo el secretario general de la ADUBA Emiliano Cagnacci.
El Poder Ejecutivo envío un presupuesto de 7,3 billones, pero los rectores alertaron que esos fondos no garantizarían el funcionamiento de las casas de altas estudios en 2027: estimaron que necesitarían unos $11 billones, incluyendo "la ejecución" de lo dictado por la norma refrendada por el Congreso tras haber sido vetada por Javier Milei.
En el Gobierno sostiene que el cálculo de recursos para 2027 del Consejo Interuniversitario Nacional es "injustificado" porque incluiría "la interpretación de los sindicatos de los aumentos y la vigencia total de la ley de Financiamiento cuando la cautelar (judicial) solo autorizó los ajustes en becas y salarios". Incluso, puntualizaron sobre el fallo judicial: "Con el incremento (salarial) del 3% de octubre estamos 1,15% arriba de lo que plantea”.
