Movimientos contra reloj para debatir la ley de PPP

 La Cámara de Diputados podría tratar este miércoles el proyecto de adhesión a la Ley Nacional de contratación a través del sistema de Participación Público-Privada (PPP). La comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales se reunirá hoy para definir el dictamen. Desde ELI evalúan modificaciones al proyecto original, y desde el PJ cuestionan los mecanismos de contralor.

Hubo movimiento ayer en las oficinas de la Legislatura Provincial. Legisladores del oficialismo y de la oposición mantenían reuniones informales sobre la iniciativa que envió en temario de extraordinarias el gobernador Gustavo Valdés. Este es el último expediente considerado por el Ejecutivo que quedó pendiente de aprobación.

Desde el bloque de ELI, cuyo dirigente es el presidente de la Cámara baja, Pedro Cassani, analizaban la posibilidad de avanzar con algún tipo de incorporación al articulado original, aunque también ampliaban la interconsulta.

La propuesta del Ejecutivo consiste en una adhesión íntegra a la Ley Nacional N°  27.328 que habilita el nuevo sistema de contratación con intervención de los sectores público y privado. La comisión integrada por Analía Bestard (Proyecto Corrientes), María Giraud (PJ), Eduardo Vischi (UCR) y Lucía Centurión (ELI) tiene cita programada para esta mañana a las 10.

Allí, podría definirse si habrá dictamen, y de resolverse, se analizaba la posibilidad de que sean dos. Uno de mayoría, impulsado por el oficialismo, y otro de minoría, promovido por el peronismo. En tanto, desde la Presidencia de la Cámara aspiran a dar media sanción a la normativa este miércoles.

La iniciativa despertó el interés del sector privado, ya que sería una de las principales patas inversoras de obras. Ayer, la comisión directiva de la Federación Empresarial de Corrientes (Fecorr) se reunió con Cassani para expresar su acompañamiento a la adhesión provincial. El legislador recibió al presidente de la cámara empresarial, Luis Malgor y al vice, Carlos Irigoyen. 

Desde la institución expresaron  a través de un comunicado que la iniciativa posibilita un “contrato a largo plazo entre una entidad privada y un gobierno, para proporcionar un bien o servicio público”, por lo que considera “central para llevar adelante inversiones significativas que redundarán en un beneficio para todos los correntinos”.

“Esta modalidad, prevista en la ley, implica  que la parte privada asume un riesgo significativo y una posible responsabilidad de gestión, pero se suma entonces a la inversión estatal contribuyendo entonces a una multiplicación de esfuerzos y permitiendo que obras que de otro modo difícilmente se concretarían”, indicaron desde la entidad.

Según Cassani, la medida es fundamental para adecuarse a modalidades como la megaobra prevista para el segundo puente Chaco- Corrientes. Su llamado a licitación está previsto para el segundo semestre de 2018 en el marco del programa nacional Red de Autopistas y Rutas Seguras.

Críticas al proyecto

Por otra parte, desde el PJ manifestaron sus reparos ante el proyecto ya que consideran que se vulneran mecanismos de contralor en el proceso. “Estamos analizando, pero, en principio, así como está la ley provincial es inaprobable”, dijo a El Litoral el diputado Ernesto “Tito” Meixner. “Vamos a proponer una serie de modificaciones, pero esperamos que nos atiendan”, señaló el justicialista. 

El legislador explicó que  el expediente original “tiene varios problemas”. En principio, considera que “no debiera ser una adhesión provincial estricta, sino que debería ser una ley provincial, replicando la ley nacional porque hay una serie de cosas inherentes al federalismo imposibles de traducir a nivel local”, señaló. Por ejemplo, la conformación de una Bicameral de Seguimiento, contemplada en la normativa nacional, que estará conformada por organismos nacionales. Para el caso local, debiera crearse también una (Bicameral).

Por otra parte, Meixner explicó que el “proyecto autoriza al Ejecutivo el arbitrio internacional”, lo cual “la Provincia no puede hacer”. En caso de “editar una ley especial por la cual se faculta al Ejecutivo a someterse al arbitrio internacional, debiera hacerse por otra jurisdicción”, indicó y recordó que “las normas procesales son facultades reservadas a las provincias”. En caso de disquisiciones, la jurisdicción sería la Corte Suprema de Justicia. 

Sin embargo, el punto más polémico para el integrante de la Cámara baja es que “la ley faculta al Ejecutivo a designar los órganos de control” y señaló que en otras adhesiones provinciales se determinaron los mecanismos de contralor por legislación.

A la vez, la propuesta remitida a la Legislatura establece para los contratos PPP la “inaplicabilidad de la Ley de Administración Financiera Provincial”, donde se establecen los mecanismos de control. “Esto deja las manos absolutamente libres al Ejecutivo a contratar como quiera la obra pública”, apuntó. Situación que no se contemplaría en la ley nacional, según expuso el diputado.