El jefe de la Policía de Corrientes, Miguel Ángel Leguizamón, confirmó nuevos detalles de la investigación por el robo a una agencia de cobranzas de Santo Tomé y señaló que, hasta el momento, hay una persona detenida, un vehículo secuestrado y cuatro efectivos policiales apartados de la fuerza.
Se trata del hecho que saltó a la luz durante la investigación por el millonario robo a un rapipago, ocurrido el 16 de septiembre cuando encapuchados interceptaron a un empleado cuando llegaba a su casa. La presunta víctima denunció que le pidieron las llaves del comercio y contraseñas de las cajas de seguridad del local, tras lo cual se apoderaron de una suma cercana a los $5 millones.
A partir eso, se realizaron allanamientos en los que se logró secuestrar gran parte del dinero sustraído, además de detener a una persona y secuestrar un vehículo presuntamente vinculado con el caso.
Leguizamón explicó que la investigación continúa bajo la dirección del fiscal de Santo Tomé, Facundo Cabral, y que la Policía realizó tareas de recolección de pruebas, entre ellas el análisis de secuencias de cámaras de seguridad ubicadas en los alrededores del lugar del hecho.
En paralelo, el fiscal tomó declaraciones que permitieron avanzar sobre una posible salida de un interno de la alcaidía local, quien habría quedado relacionado con el robo. La investigación también apunta a determinar una posible connivencia de personal policial encargado de la custodia de los detenidos.
Cuatro policías apartados
A partir de las evidencias reunidas por la Fiscalía, Asuntos Internos y los propios investigadores policiales, la Jefatura de Policía dispuso el apartamiento preventivo de cuatro efectivos.
Además, fueron relevados de sus cargos el director de la Unidad Regional V de Santo Tomé y el jefe de la Comisaría Primera de esa localidad. La medida fue confirmada previamente por la Jefatura ante el avance de la investigación judicial.
El jefe policial remarcó que la Dirección General de Asuntos Internos, dependiente del Ministerio de Seguridad, intervino desde el inicio de la investigación para avanzar con las actuaciones administrativas correspondientes.
Leguizamón aseguró que existe una política de “tolerancia cero” frente a cualquier efectivo que se aparte de la ley y también para los responsables jerárquicos que deben garantizar el correcto funcionamiento del servicio policial.
Mientras tanto, la Policía continúa aportando elementos a la Fiscalía y analizando nuevas pruebas para avanzar en el esclarecimiento del robo y determinar las responsabilidades que correspondan.
