El Comité Provincial de Prevención de la Tortura y un grupo de organizaciones de derechos humanos presentaron un hábeas corpus colectivo y correctivo en favor de personas alojadas en la Unidad Penal N.° 10 de Corrientes. La medida busca el “cese del agravamiento ilegítimo de sus condiciones de detención”. En consecuencia, la Justicia ordenó una inspección el 2 de junio para verificar la situación de los internos.
La presentación del Comité se basó en tareas de monitoreo, inspecciones y relevamientos realizados en el establecimiento. Fue así que, según lo expuesto, se pudo constatar de manera directa las condiciones, el régimen de vida, el acceso a la salud y la situación diaria de las personas alojadas en la unidad.
De esa manera, se puso en conocimiento judicial el alojamiento prolongado de personas con padecimientos severos de salud mental, deterioro cognitivo, discapacidad y alta dependencia sanitaria.
Situación en la unidad
La presentación menciona casos de personas con largos períodos de institucionalización, incluso superiores a los 20 años. También señala que algunas no estarían vinculadas a causas penales activas, sino a procesos civiles o situaciones de vulnerabilidad.
Entre otros puntos, se advierten prácticas de aislamiento como forma de tratamiento, escasa actividad terapéutica y limitaciones en el abordaje de salud mental. Además, se mencionan antecedentes de muertes en contexto de encierro.
Intervención judicial
El Juzgado de Garantías, a cargo de Leandro Damián Llorente, hizo lugar a medidas urgentes de verificación. Por lo tanto, ordenó una inspección integral en la Unidad Penal N.° 10 para el 2 de junio.
La medida incluye relevamientos edilicios y sanitarios, evaluaciones médicas y psiquiátricas, y controles sobre condiciones de higiene y tratamiento. El objetivo es constatar las condiciones reales de alojamiento y el resguardo de los derechos humanos.
La presentación fue impulsada por el Comité Provincial de Prevención de la Tortura, junto a la Asociación Civil Red Corrientes de Derechos Humanos, Medehs, la Asociación Civil por la Memoria, la Verdad y la Justicia de Paso de los Libres y La Casa de Derechos Humanos de Curuzú Cuatiá.
Desde las organizaciones señalaron que el planteo busca una revisión estructural del abordaje estatal en materia de salud mental e institucionalización prolongada.
