La jueza de Garantías de Mercedes Simy Benasayag, homologó un acuerdo de juicio abreviado pleno, en el cual los exfuncionarios municipales Eduardo Gómez y Mario Casal reconocieron su culpabilidad en el desvío de maquinaria pública.
La pena impuesta para ambos fue de tres años de prisión de cumplimiento en suspenso e inhabilitación absoluta y perpetua para ejercer cargos públicos.
Mediante un acuerdo de juicio abreviado celebrado entre el fiscal de la Unidad de Recepción y Análisis de Casos (UFRAC), Dr. Adrián Casarrubia, y el abogado defensor, Dr. Fernando Méndez, asumieron su responsabilidad como coautores de los delitos de peculado e incumplimiento de los deberes de funcionario público, según citó la periodista Viviana Cardozo de Tumercedesportal.
Cabe señalar que actual jefe comunal, Víctor Cemborain prestó su conformidad para cerrar la vía judicial tras un año de investigación, en una causa penal iniciada tras una denuncia de la exintendenta Juana Gauto.
Causa
La presentación judicial alertaba que una máquina pesada trituradora de piedras y su motor habían sido retirados sin autorización del predio de la Dirección de Obras y Servicios Públicos, ubicado en el barrio San Martín de la ciudad de Mercedes.
Al momento del hecho, Casal se desempeñaba como secretario de Obras Públicas y Gómez como director del área. La investigación policial y judicial localizó el equipamiento municipal oculto dentro de un taller mecánico perteneciente a la empresa Rizzo.
Tras el hallazgo, la maquinaria fue recuperada y restituida al patrimonio del municipio.
Reglas de conducta
Además de la pena de prisión condicional, la magistrada impuso severas reglas de conducta que los condenados deberán cumplir estrictamente durante los próximos tres años para no ir a la cárcel.
Entre las medidas se destaca la obligación de presentarse cada tres meses ante la Oficina Judicial (Ofiju), fijar domicilio y no ausentarse de la jurisdicción sin aviso previo.
Asimismo, se les prohibió acercarse a menos de 100 metros del predio municipal de la calle Ñangapiry y deberán abstenerse del uso de estupefacientes o del consumo excesivo de alcohol en la vía pública.
Finalmente, el fallo incluye dos obligaciones de carácter pedagógico y ciudadano: los condenados tendrán que concurrir una vez al mes a las sesiones públicas del Concejo Deliberante para formar convicción y respeto a los poderes del Estado, y realizar un curso de ética y formación ciudadana enfocado en la Ordenanza Municipal 1086/14 de ética en la función pública.
