La Prefectura Naval Argentina dio por finalizado el operativo oficial de asistencia y salvamento (SAR) desplegado en las costas de la provincia de Santa Cruz para intentar localizar a Juan Carlos Gutiérrez, un marinero de 46 años oriundo de la localidad correntina de Empedrado, quien cayó formalmente a las aguas tras sufrir un accidente en la cubierta del buque pesquero Luca Mario.
El hecho se registró el pasado 30 de junio en cercanías a la localidad portuaria de Puerto Deseado. Según las reconstrucciones preliminares del evento, una de las redes de pesca se deslizó de forma imprevista hacia el mar santacruceño y terminó enganchando de la bota a Gutiérrez.
A pesar de los esfuerzos desesperados del resto de la tripulación por sujetarlo y contrarrestar la fuerza del aparejo, el trabajador fue arrastrado hacia el agua de manera inmediata.
Aunque el despliegue de emergencia incluyó el patrullaje de cinco buques pesqueros en zona y apoyo logístico aéreo, las condiciones extremas impidieron obtener resultados positivos tras siete jornadas consecutivas de rastrillaje.
Fuerte choque gremial entre el SOMU y la Asociación de Capitanes
El Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU) radicó una denuncia pública en la que apuntó de forma directa contra las responsabilidades de la empresa armadora Solimeno, argumentando severos incumplimientos en materia de seguridad e higiene laboral.
Desde la entidad gremial afirmaron que el capitán de la embarcación desoyó de manera temeraria las advertencias meteorológicas que anticipaban un fuerte temporal en la región de Santa Cruz.
Este posicionamiento del gremio de base desencadenó una inmediata réplica por parte de la Asociación de Capitanes, Pilotos y Patrones de Pesca, cuyos representantes solicitaron cautela institucional y pidieron evitar juicios de valor o imputaciones apresuradas hasta tanto la Justicia y las pericias oficiales de Prefectura determinen la cadena de causalidades.
Especialistas en derecho laboral del sector marítimo adelantaron que la responsabilidad civil por el luctuoso hecho recaerá solidariamente sobre la firma pesquera, el armador y la Aseguradora de Riesgos del Trabajo (ART), descartando inicialmente la tipificación de un delito penal directo si los peritajes confirman que se trató de una contingencia puramente accidental del oficio en alta mar.
Asignación de cupos de pesca en medio de la crisis del sector
El caso de Gutiérrez, quien registraba una antigüedad superior a las dos décadas prestando servicios para la misma firma armadora, reavivó los reclamos de las tripulaciones respecto a la necesidad de endurecer las auditorías de los protocolos de bioseguridad en los yacimientos pesqueros australes para equilibrar la rentabilidad empresarial con el resguardo de la vida humana.
En paralelo al conflicto judicial, la Secretaría de Estado de Pesca y Acuicultura de Santa Cruz oficializó una medida de carácter comercial destinada a sostener la operatividad de los puertos patagónicos. El organismo provincial completó la distribución de toneladas de captura biológica entre trece embarcaciones estratégicas, un volumen remanente que será descontado de la Reserva Social de la provincia dentro del régimen de Cuotas Individuales Transferibles de Captura (CITC).
El esquema de reparto incluyó asignaciones significativas, lideradas por el buque Victoria II con 1.000 toneladas, seguido por el Americano con 500 toneladas. Asimismo, se otorgaron cupos estandarizados de 400 toneladas a naves como Pensacola I, Álvarez Entrena IV, Quequén Salado y Huafeng 817. La lista de buques beneficiados para garantizar la continuidad laboral en las plantas procesadoras de tierra se completó con las firmas de los barcos Gaucho Grande, Don Juan, María Rita, María Susana, Caleta Olivia, Calabria y el fresquero Luca Santino.
*Con información de Minuto Neuquén.
