El juicio por la desaparición del niño Loan Peña de 9 de Julio, que se desarrolla en la sede del Escuadrón 48 de la Gendarmería Nacional, tuvo una polémica inesperada en las últimas horas cuando salieron a cuestionar al propio juez que dirige el proceso: Fermín Amado Ceroleni.
El que arrojó la piedra de la discordia fue el defensor oficial del acusado Bernardino Antonio Benítez, Enzo Di Tella quien solicitó el viernes último la recusación y apartamiento del presidente del Tribunal Oral Federal de Corrientes, con el argumento de “temor fundado de parcialidad”.
No tardó en conocerse la postura de otro de los abogados defensores. Se trata de Martín Leiro que defiende a Alan Cañete, el cual expresó que no apoya el pedido presentado por su colega.
Planteó que que no apoya ni comparte la presentación realizada por la defensa de Benítez, quien solicitó la recusación del magistrado.
La postura del abogado se suma a las distintas posiciones que vienen adoptando las defensas durante el juicio oral que se desarrolla en Corrientes por la desaparición de Loan Peña.
Cañete está imputado en la causa y es representado por Leiro, quien anteriormente había cuestionado públicamente el accionar del Ministerio Público Fiscal durante el debate.
El pedido para apartar a Ceroleni deberá continuar ahora su trámite dentro del proceso judicial, mientras el juicio por la desaparición de Loan continúa con las distintas audiencias previstas.
Di Tella
En un escrito de 26 páginas, el abogado defensor de Benítez sostuvo que el presidente del tribunal repitió durante el proceso oral interrupciones, llamados de atención, restricciones para profundizar en los testimonios y diferentes criterios frente a objeciones de las partes, que habrían restringido de manera sistemática el rol de las defensas y los fiscales.
“Exteriorizó una marcada preocupación respecto de la duración del debate y de cualquier circunstancia susceptible de provocar una demora”, apuntó el abogado defensor y citó al juez al señalar que su posición es que “la sociedad espera una respuesta”.
“La función jurisdiccional no consiste en proporcionar una respuesta cualquiera para satisfacer esa expectativa. La sociedad tiene derecho a una respuesta judicial, pero no tiene derecho a exigir una condena”, sostuvo, en su presentación.
“Quiero que Antonio Benítez sea juzgado y que se dicte una sentencia acorde a la producción de la prueba en este juicio oral y público. No que sea condenado por la presión social y mediática y sobre el concepto que generaron sobre Benítez los medios y la opinión pública”, argumentó el letrado en la presentación.
La gota que rebalsó el vaso
Con respecto a las situaciones que gestaron la presentación de Di Tella planteó que “la gota que rebalsó el vaso” fue un episodio ocurrido el miércoles pasado, durante la ampliación de declaración indagatoria del imputado Nicolás “El Americano” Soria.
“Luego de realizar su descargo, (Soria) manifestó que contestaría las preguntas que le formularía su abogado defensor, a lo que el Sr. Presidente refirió que ‘eso no existe’, impidiéndole así ejercer en libertad y plenamente su derecho de defensa”.
“Tras un pedido mío de revocatoria y un cuarto intermedio en el que se decidió por la totalidad de los integrantes del cuerpo, se decidió revocar la decisión antes tomada de manera unipersonal por el Sr. Presidente, y se permitió entonces a Soria poder contestar solamente las preguntas de su abogado defensor”, relató el letrado.
“La consecuencia de todo lo relatado constituye el núcleo de esta recusación”, remarcó.
