El Tribunal Oral Federal de Corrientes dispuso este lunes la detención inmediata de Pablo Carlos Molina para que empiece a cumplir su condena de cuatro años de prisión e inhabilitación absoluta por los delitos de abuso de autoridad y falsedad ideológica.
La decisión se tomó luego de que la Corte Suprema de Justicia declarara inadmisible el recurso extraordinario de la defensa, dejando la sentencia firme.
El procedimiento fue encargado a la Gendarmería Nacional en su domicilio de la ciudad de Resistencia previo a su derivación al Servicio Penitenciario Federal.
Causa judicial y condena firme
El escrito del tribunal detalla la cadena de resoluciones que derivaron en la orden de prisión efectiva.
El 29 de julio de 2025, el TOF de Corrientes condenó a Molina a cuatro años de prisión e inhabilitación absoluta por el doble del tiempo de la condena como autor de abuso de autoridad y falsedad ideológica en concurso real.
Tras la negativa del recurso de casación local y el rechazo en la Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal el 8 de abril de 2026, la defensa acudió en queja a la Corte Suprema.
La resolución del Máximo Tribunal se conoció el 27 de agosto de 2026. La Corte Suprema de Justicia declaró inadmisible la presentación, otorgándole firmeza a la condena e imposibilitando nuevas instancias de apelación.
Molina fue acusado y encontrado culpable de agregar dos teléfonos más en una causa por narcotráfico, pero solo con el fin de escuchar a su mujer y otra persona, con quien pensaba que mantenía una relación.
Orden de arresto y traslado a la cárcel
Los magistrados instruyeron las medidas operativas para efectivizar la detención del condenado.
La Gendarmería Nacional, a través de la Agrupación XVIII Chaco, ejecutará el procedimiento en el domicilio de Molina ubicado sobre la calle Arturo Illia de la ciudad de Resistencia.
Molina permanecerá detenido en dependencias de Gendarmería en calidad de comunicado mientras se tramita el cupo de traslado.
Finalmente, cumplirá la pena de reclusión en un establecimiento penal bajo la órbita del Servicio Penitenciario Federal, para lo cual la secretaría del tribunal realizará el cómputo definitivo del tiempo de condena
