La Fiscalía Federal de Corrientes, en conjunto con la Ufeco (Criminalidad Organizada) y la Procelac (Lavado de Activos), solicitó formalmente la elevación a juicio oral para 13 personas acusadas de integrar la peligrosa red delictiva transnacional estrechamente vinculada al temible Tren de Aragua.
La presentación ante el Juzgado Federal N° 1 de Corrientes, que estuvo a cargo del juez Gustavo del Corazón de Jesús Fresneda, fue firmada por los fiscales federales Flavio Ferrini, Nicolás Marquevich y Diego Velasco.
Para los investigadores, la etapa de instrucción se encuentra totalmente clausurada al estar plenamente fundamentado el estado de sospecha para someter a los imputados a debate público.
La organización criminal operó de forma estable en la Argentina al menos hasta mayo de 2025 y al frente de la estructura se ubicaba el ciudadano venezolano Guillermo Rafael Boscán Bracho, alias "El Yiyi", reconocido líder de la "Banda del Yiyi", una violenta facción aliada al Tren de Aragua.
Boscán Bracho había ingresado a la Argentina en 2019 utilizando documentación fraudulenta y una identidad falsa con la cual se radicó junto a su familia en un barrio privado de la localidad de Santa Ana. Vivía junto a su esposa, hija y hasta los suegros en un exclusivo complejo habitacional bajo el amparo de una cédula colombiana y documentación falsa, presentándose ante sus vecinos como un próspero ciudadano extranjero.
Su impunidad terminó en octubre de 2023, cuando agentes de Interpol de la Policía Federal Argentina (PFA) lo interceptaron y detuvieron sobre la Ruta Provincial N° 43, en el acceso al mencionado country.
Ezeiza
De allí fue recluido en el Complejo Penitenciario I de Ezeiza bajo el estricto Sistema de Personas de Alto Riesgo (Sigpplar), donde las escuchas demostraron que continuó dando órdenes directas a sus lugartenientes para coordinar los movimientos económicos de la banda. Actualmente, cuenta con la extradición ya autorizada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación para responder por brutales crímenes en su país de origen.
El requerimiento fiscal detalla un complejo entramado financiero diseñado para blanquear las ganancias de actividades ilícitas indeterminadas. Las maniobras permitieron la circulación de más de $120 millones, mediante un abanico de modalidades.
Transferencias electrónicas masivas a través de cuentas bancarias tradicionales y billeteras virtuales, inyección de fondos mediante el sistema informal no bancario conocido como hawala, una red basada en la confianza y operadores personales que elude los controles oficiales.
Además, envío de remesas internacionales recurrentes, la compra de bienes muebles e inmuebles destinados a robustecer la infraestructura logística de la banda.
Las calificaciones legales acumuladas contemplan penas severas tales como Organización Criminal Transnacional (con una escala de 8 a 20 años de prisión), Lavado de Activos (de 3 a 10 años) y, para nueve de los principales implicados, el delito de Financiamiento del Terrorismo, que prevé condenas de entre 5 y 15 años.
Argumentos
Para cercar a la organización, el Ministerio Público Fiscal edificó un robusto cuadro probatorio que cruzó fronteras ya que la acusación se sostiene en intervenciones telefónicas directas, el levantamiento del secreto bancario y fiscal sobre decenas de cuentas, y peritajes clave confeccionados por el Departamento Antimafia de la PFA.
Además, la pesquisa sumó reportes confidenciales de alta sensibilidad provistos por agencias extranjeras: el FBI, el Departamento de Seguridad Diplomática de la Embajada de los Estados Unidos e Interpol.
Con este arsenal de pruebas, los acusados quedarán de cara al primer gran juicio en el país que expone de forma directa los mecanismos de financiamiento y penetración local del Tren de Aragua
