En un fallo histórido, el juez Jorge Venialgo dio a conocer los fundamentos de la condena impuesta a Silvia Itatí Solís, una mujer oriunda de la localidad de Esquina, en lo que significó el primer debate oral y público por narcomenudeo resuelto bajo la órbita de los tribunales ordinarios correntinos.
A través de la Sentencia N° 58/26, Solís fue declarada culpable en calidad de "partícipe secundaria del delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización", tipificado en el artículo 5, inciso C, de la Ley de Drogas. El magistrado le impuso una pena de 4 años y 6 meses de prisión de cumplimiento efectivo, aunque dispuso que continúe bajo la modalidad de arresto domiciliario.
La investigación penal preparatoria se inició en Esquina, donde la mujer quedó implicada en la causa debido al estrecho vínculo con su pareja, un hombre de apellido Herrera, según detalló el periodista local Juan Cruz Velasquez.
A diferencia de Solís, el hombre ya había esquivado el juicio oral al pactar previamente una condena de 7 años y medio de prisión mediante un acuerdo de juicio abreviado pleno en los tribunales esquineneses. De acuerdo con la acusación fiscal, quedó acreditado que la mujer participaba activamente de la actividad ilícita junto a él.
Agravantes
Al momento de fijar el monto de la pena en el juicio de cesura, el juez Venialgo ponderó distintos elementos del caso donde mencionó como agravantes la activa colaboración de Solís en el acondicionamiento de los envoltorios (bochitas) y otros elementos clave utilizados para estirar y fraccionar las sustancias.
También subrayó el severo daño a la salud pública y el impacto negativo en el contexto comunitario donde se vendía la droga.
Como atenuantes jugó a favor de la imputada la falta de antecedentes penales computables y su edad. Sin embargo, el factor determinante para otorgarle el beneficio de la prisión domiciliaria fue que tiene a su cargo a una hija de 9 años. El juez priorizó el principio del "interés superior de la niña" para que no sea separada de su madre.
Decomiso
Además de la pena de prisión, el tribunal ordenó el decomiso definitivo de todas las herramientas e instrumentos secuestrados en los allanamientos que sirvieron para cometer el delito.
En la misma resolución, se dispuso que la suma de $424.800 en efectivo, que había sido incautada durante los operativos policiales, sea transferida y depositada de forma inmediata en la cuenta oficial del Poder Judicial de la Provincia de Corrientes.
La medida de coerción bajo la modalidad domiciliaria —que la mujer venía cumpliendo desde fines de marzo— se mantendrá bajo las mismas estrictas condiciones de supervisión hasta que la condena quede firme por las instancias superiores.
