La provincia de Corrientes avanza en una instancia clave de negociación con el Gobierno nacional por el cobro de regalías hidroeléctricas de las represas de Yacyretá y Salto Grande. El proceso se desarrolla en el marco de una causa iniciada ante la Corte Suprema, que impulsa a ambas partes a alcanzar una solución política antes de un fallo judicial.
En diálogo con Hoja de Ruta, el interventor de la Dirección Provincial de Energía, Pablo Cuenca, explicó que la provincia integra un equipo técnico junto al fiscal de Estado, bajo la conducción del gobernador Gustavo Valdés, para sostener el reclamo.
“Estamos en una instancia donde la Corte le pide a Nación que se siente con la provincia para dirimir esta cuestión. Es una oportunidad para llegar a un acuerdo político antes de una resolución judicial”, señaló.
El conflicto tiene origen en una demanda presentada en 2023, en la que Corrientes cuestiona el mecanismo actual de cálculo de regalías por el uso de recursos naturales, en este caso el agua de los ríos Paraná y Uruguay.
Un reclamo por desigualdad
Según explicó Cuenca, el punto central del planteo es que la fórmula utilizada por Nación genera una distribución desigual entre provincias.
“Por el mismo recurso y el mismo derecho, Entre Ríos está cobrando más que Corrientes. Lo que objetamos es la fórmula: entendemos que está mal aplicada”, afirmó.
El funcionario recordó que la Constitución Nacional, reformada en 1994, establece que los recursos naturales pertenecen a las provincias, lo que refuerza el reclamo correntino.
Además, la provincia sostiene que la generación hidroeléctrica no solo produce energía, sino que reemplaza fuentes más costosas como combustibles fósiles, lo que debería ser reconocido en el esquema de compensación.
Negociación política en marcha
Aunque la causa sigue abierta, desde el Gobierno provincial se muestran optimistas respecto a una salida consensuada.
“Soy muy optimista en que podamos llegar a un acuerdo más pronto que tarde. Sería algo histórico para Corrientes”, sostuvo Cuenca.
En caso de no alcanzar un entendimiento, será la Corte Suprema la que deba resolver el conflicto.
Infraestructura eléctrica: una deuda pendiente
En paralelo, el funcionario advirtió sobre la falta de inversión en el sistema eléctrico nacional, particularmente en las redes de alta tensión.
“Hace más de 20 años que no se realizan inversiones importantes. Hoy se necesitan alrededor de 10 mil millones de dólares para modernizar el sistema”, detalló.
Esta situación impacta directamente en provincias como Corrientes, donde los picos de demanda en verano generan cortes de energía.
No obstante, adelantó que Nación avanza en una licitación para instalar baterías de almacenamiento en puntos críticos del sistema, lo que permitiría aliviar la demanda en momentos de mayor consumo.
El desafío local: mejorar la distribución
A nivel provincial, Cuenca reconoció que uno de los principales problemas se encuentra en la red de baja tensión, es decir, la que llega directamente a los usuarios.
“En lo macro estamos bien, pero los problemas que percibe la gente están en la distribución. Ahí es donde hay que invertir”, explicó.
Actualmente, entre el 35% y el 40% del sistema eléctrico provincial cuenta con tecnología más moderna, como cableado preensamblado, que reduce fallas ante condiciones climáticas.
Sin embargo, el resto de la red aún requiere inversiones, que dependen directamente de la tarifa.
“Toda mejora en el sistema sale de la tarifa. Durante muchos años se instaló la idea de que los servicios no cuestan, y eso no es así”, concluyó.
