El presidente del Centro de Ingenieros de Corrientes, Daniel Suárez, sostuvo que el tránsito pesado que cruza el puente General Belgrano genera un costo de mantenimiento que hoy recae sobre la ciudad y la provincia. Planteó que la solución podría pasar por un convenio de reciprocidad similar al que se aplica en otras rutas nacionales que atraviesan áreas urbanas.
El conflicto por la jurisdicción y el mantenimiento de la avenida 3 de Abril volvió a tomar impulso con la discusión entre el Gobierno de Corrientes y Vialidad Nacional sobre el denominado corredor General Belgrano. Mientras la Provincia sostiene que el tramo que conecta la rotonda de la Virgen de Itatí con el acceso al puente soporta tránsito nacional y debería recibir asistencia de Vialidad, el organismo nacional argumenta que la ruta nacional comienza formalmente en la bajada del puente.
Daniel Suárez, presidente del Centro de Ingenieros de Corrientes: "En todas las rutas nacionales donde se cruzan áreas urbanas se elaboran convenios de reciprocidad entre la Dirección Nacional de Vialidad y las provincias".
Suárez explicó que el corredor soporta un flujo diario estimado en unos 24.000 vehículos, de los cuales entre 4.000 y 5.000 corresponden a tránsito pesado que llega desde las rutas nacionales 12 y 16. Según señaló, esa intensidad de uso supera la prevista originalmente para una avenida urbana y obliga a mayores tareas de mantenimiento.
El ingeniero recordó que la avenida 3 de Abril ya formaba parte de la ciudad cuando se construyó el puente General Belgrano y que, de hecho, pasó de tener dos manos a cuatro para absorber el nuevo tránsito interprovincial.
El costo para la ciudad
Suárez advirtió que, sin un acuerdo, el desgaste provocado por el tránsito de larga distancia termina siendo financiado por el erario local.
El ingeniero también mencionó el impacto indirecto que generan los congestionamientos, los accidentes y las interrupciones del tránsito sobre la actividad económica y la calidad de vida de los usuarios.
