La diputada provincial Lorena Lazaroff confirmó que presentó en la Legislatura de Corrientes un proyecto de ley de Ficha Limpia que busca impedir que personas con condenas penales confirmadas en segunda instancia puedan postularse a cargos electivos o ser designadas como funcionarios públicos.
En diálogo con Hoja de Ruta, la legisladora explicó que la iniciativa apunta a fortalecer la confianza ciudadana en las instituciones y a establecer mayores requisitos para quienes aspiren a ocupar cargos públicos.
“Lo que busca Ficha Limpia es impedir que personas con condenas penales confirmadas en segunda instancia puedan postularse a cargos públicos electivos”, sostuvo.
Según detalló, el proyecto contempla delitos vinculados a la corrupción, la integridad sexual y la propiedad, entre otros. Para acreditar el cumplimiento de los requisitos, los postulantes deberán presentar un certificado de antecedentes penales emitido por el Registro Nacional de Reincidencia.
La iniciativa se suma a otro proyecto similar ya presentado en la Cámara de Diputados y ambos serán analizados en conjunto dentro de las comisiones legislativas.
“Necesitamos reivindicar la política como herramienta de transformación y fortalecer la confianza de la ciudadanía en quienes ejercen funciones públicas”, afirmó.
La diputada remarcó además que la propuesta no busca restringir derechos políticos de manera arbitraria, sino establecer estándares de transparencia y responsabilidad institucional.
“Cuando hablamos de función pública no alcanza solamente con la capacidad técnica o intelectual. También debe existir un compromiso ciudadano y democrático”, señaló.
Respecto al futuro del proyecto, explicó que pasó a la comisión de Asuntos Constitucionales para incorporarse a otro previamente presentado por otro bloque parlamentario. “Espero que podamos llegar a un acuerdo y que Ficha Limpia pueda aprobarse por unanimidad”, expresó.
La legisladora indicó además que la normativa alcanzaría tanto a candidatos a cargos electivos como a personas que sean designadas por el Poder Ejecutivo para desempeñar funciones públicas.
Finalmente, aseguró que el mecanismo de control sería sencillo y operativo, ya que se basa en la presentación obligatoria de antecedentes penales al momento de oficializar candidaturas o designaciones.
