El proyecto de Presupuesto 2027 abrió nuevamente una fuerte discusión en el sector de la discapacidad. Entre los puntos que generan preocupación entre prestadores y organizaciones aparecen modificaciones al régimen de prestaciones, al nomenclador y a las pensiones por discapacidad. El Gobierno, por su parte, sostiene que busca ordenar el sistema, garantizar las prestaciones y fortalecer la transparencia.
En diálogo con Hoja de Ruta, Marcela Kriskovich, presidenta de la Asociación Civil de Prestadores de Discapacidad Unidos, cuestionó los cambios y advirtió por sus posibles consecuencias para las familias y quienes brindan las prestaciones.
Uno de los principales puntos de preocupación es el nomenclador de prestaciones básicas, que actualmente establece valores de referencia para los servicios destinados a personas con discapacidad. La Ley de Emergencia Nacional en Discapacidad estableció que esos aranceles sean iguales para las personas jurídicas obligadas y contempló mecanismos de actualización.
Según Kriskovich, modificar ese esquema podría generar diferencias entre las prestaciones según la obra social, prepaga o financiador y trasladar parte del costo a las familias.
“Si esto se desregula, va a haber diferentes niveles”, sostuvo la dirigente, quien planteó que algunas familias podrían terminar pagando diferencias para sostener tratamientos, mientras que otras directamente quedarían afuera del sistema.
El debate por el CUD
Otro de los puntos mencionados por Kriskovich es el Certificado Único de Discapacidad (CUD).
El CUD acredita oficialmente la discapacidad en todo el territorio nacional y la normativa vigente lo contempla como instrumento para acreditar esa condición.
La representante de los prestadores cuestionó cualquier modificación que, según su interpretación, reduzca el alcance de esta herramienta y sostuvo que el certificado funciona como una puerta de acceso a distintas prestaciones.
“El Certificado Único de Discapacidad es importantísimo porque es quien te habilita, es el documento nacional que habilita que la persona tiene algún tipo de condición”, explicó.
El proyecto de Presupuesto 2027 propone cambios en el régimen de pensiones y en el sistema de prestaciones. Distintos análisis periodísticos señalaron que también plantea modificaciones al esquema vigente del nomenclador y a la forma de actualización de los aranceles.
La situación de los prestadores
Kriskovich también puso el foco en la situación económica de quienes trabajan en el sector. Según afirmó, existen demoras en los pagos de prestaciones financiadas por obras sociales y aseguró que numerosos centros tuvieron que cerrar o abandonar el área.
“50 centros en todo el país se cerraron”, afirmó, y sostuvo que otros prestadores dejaron de trabajar con discapacidad o están intentando sostenerse con dificultades.
El Gobierno nacional, en tanto, informó en septiembre una actualización del 1,7% del nomenclador para ese mes y señaló que el incremento forma parte de un esquema de actualización mensual basado en el IPC. La medida alcanzó servicios de rehabilitación, centros de día, centros educativos terapéuticos, formación laboral, escolaridad, prestaciones de apoyo y transporte.
Qué puede pasar en Corrientes
La discusión nacional también tiene impacto en Corrientes, donde los prestadores trabajan con distintos financiadores, entre ellos obras sociales, PAMI, Incluir Salud e IOSCOR.
Kriskovich advirtió que, si cambia el esquema nacional de referencia, las provincias podrían enfrentar una situación similar y las familias podrían quedar obligadas a afrontar diferencias para sostener determinados tratamientos.
“Lo que tienen que tomar conciencia es que si este presupuesto sigue, ¿qué esperás que hagan las provincias?”, planteó.
Según explicó, el riesgo que observa es que se genere un sistema con distintos niveles de acceso: quienes puedan pagar la totalidad de una prestación, quienes deban elegir cuáles tratamientos sostener y quienes directamente queden fuera.
“El que pierde es la persona con discapacidad”, resumió.
Convocatoria para este miércoles
Frente a este escenario, la Asociación Civil de Prestadores de Discapacidad Unidos convocó a una movilización nacional para el miércoles 23 de septiembre.
En Corrientes, la concentración será a las 11 en la plaza 25 de Mayo, en simultáneo con movilizaciones previstas en distintos puntos del país.
Kriskovich pidió la participación de prestadores, familias, instituciones educativas y de la comunidad en general.
“Esto no es una cuestión política”, sostuvo durante la entrevista, y llamó a acompañar el reclamo independientemente del color partidario.
La discusión continuará ahora en el Congreso, donde el proyecto de Presupuesto 2027 deberá atravesar el tratamiento legislativo. Mientras tanto, el sector de la discapacidad busca visibilizar sus reclamos y advertir sobre el impacto que, según sus organizaciones, podrían tener las modificaciones propuestas.
