En los últimos días, la decisión del juez de Paso de la Patria, Hugo Alejandro Sánchez Martínez, de suspender por tres meses a tres adolescentes acusadas de ejercer bullying a una compañera generó un fuerte debate en torno a cómo abordar este tipo de situaciones en el ámbito escolar. Desde la Dirección General de Nivel Secundario, señalaron a El Litoral que el objetivo es asegurar la trayectoria educativa de las alumnas involucradas, apuntando a que puedan continuar sus estudios de forma presencial.
Según explicaron a este medio, ante la notificación de la medida, se activaron los equipos interdisciplinarios del Dirección de Intervención y Servicios Educativos para la Prevención y el Acompañamiento (Disepa) y los asesores legales del Ministerio de Educación de la provincia, quienes solicitaron una reunión urgente con el juez para poner en conocimiento las normativas y protocolos vigentes ante situaciones que involucren a niños y adolescentes en contextos educativos.
Fuentes de la Dirección General de Nivel Secundario señalaron a El Litoral: “Desde el primer momento las autoridades del ministerio a través del Disepa se pusieron en contacto con los directivos. Es importante el trabajo en equipo y tenemos la mejor voluntad para dialogar con el juez”.
Mientras tanto la modalidad de cursado será definida en los próximos días. Si bien, la escuela está preparada para implementar clases virtuales, el objetivo es que las estudiantes regresen a la presencialidad con los protocolos para garantizar que la víctima se encuentre a salvo, según indicaron.
"Creemos que esta situación se generó por una falta de comunicación. Si se hubiera intervenido con todos los actores desde el principio, podríamos haber buscado estrategias conjuntas, incluyendo instancias de mediación y la participación de los padres", señaló Gutiérrez.
Consultado por el caso ocurrido en la misma escuela pero en el 2023, Gutiérrez explicó: “Ya hubo un antecedente en este establecimiento, intervino el Disepa, se trabajó desde el diálogo y lo pudimos resolver”.
Entre los marcos normativos que se aplican en estos casos, remarcaron que se encuentran las resoluciones ministeriales RM 3404/14, RM 3100/17, RM 2613/20, RM 920/21 y la reciente RM 4009/24, que establece una guía clara de actuación ante situaciones de vulneración de derechos en la niñez y adolescencia.
(VT)
