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La Unne creó su propia Defensoría Universitaria para fortalecer los derechos y la convivencia democrática

El Consejo Superior de la Universidad Nacional del Nordeste aprobó la creación de un nuevo organismo destinado a brindar orientación, acompañamiento y mediación ante situaciones que afecten a estudiantes, docentes, no docentes y graduados. 

 

Por El Litoral

Jueves, 22 de octubre de 2026 a las 17:04

La Universidad Nacional del Nordeste (Unne) dio un paso institucional clave en la protección de los derechos de su comunidad al aprobar la creación de la Defensoría Universitaria.

La iniciativa fue respaldada por unanimidad durante la última sesión ordinaria del Consejo Superior, consolidando un espacio de escucha, asesoramiento y resolución pacífica de conflictos para estudiantes, docentes, investigadores, becarios, no docentes y graduados de las provincias de Corrientes y Chaco.

Con este hito, la UNNE se posiciona como la segunda universidad en todo el territorio argentino en contar con un organismo de estas características, tomando como antecedente histórico a la Universidad Nacional de Córdoba, que la implementa desde 1997.

La gestación del proyecto demandó más de dos años de labor institucional y contó con la colaboración de entidades de Bolivia, Honduras, Chile, España y Portugal, en el marco del programa internacional Erasmus+ BRAVIOO.

El rector de la casa de altos estudios, Omar Larroza, destacó el logro colectivo y señaló que la iniciativa busca dar respuestas ágiles a situaciones que no siempre encuentran resolución en los circuitos administrativos tradicionales.

Por su parte, la coordinadora operativa del proyecto y representante técnica, Lorena Martínez, calificó la medida como un "hito democrático" orientado a garantizar el bienestar de toda la comunidad.

Funciones, autonomía y abordaje interdisciplinario

La flamante Defensoría funcionará con absoluta autonomía funcional e independencia de criterio, rigiéndose bajo los principios de imparcialidad, confidencialidad, gratuidad, accesibilidad y celeridad.

Su intervención no reemplazará los sumarios ni los circuitos académicos o disciplinarios vigentes, sino que operará como una herramienta complementaria y articuladora para favorecer el diálogo institucional.

Entre sus principales competencias se destacan:

  • Orientación y asesoramiento ante presuntas vulneraciones de derechos por actos u omisiones administrativas.

  • Instancias de mediación destinadas a la resolución pacífica de controversias y la prevención de conflictos.

  • Formulación de recomendaciones a las autoridades para mejorar los procedimientos institucionales y garantizar la igualdad de trato.

  • Acciones de sensibilización sobre derechos humanos, no discriminación, accesibilidad y convivencia democrática.

Para cumplir con sus objetivos, el organismo estará respaldado por un equipo técnico interdisciplinario compuesto por profesionales de las áreas jurídica y psicosocial, asegurando un acompañamiento integral y con perspectiva de derechos humanos para todos los claustros universitarios.

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