El Ministerio Público de Corrientes emitió un contundente comunicado dirigido a estudiantes y familias ante la proliferación de mensajes intimidatorios en establecimientos educativos. Bajo la premisa de que no se trata de simples "travesuras" para evitar clases o de retos virales, la Justicia remarcó que estas conductas están tipificadas en el Código Penal Argentino (CPA) y acarrean consecuencias legales definitivas.
El organismo advirtió que escribir mensajes en bancos, dejar carteles en baños o publicar amenazas en redes sociales genera un daño real: afecta la salud emocional de la comunidad educativa, moviliza innecesariamente recursos policiales y activa protocolos que deberían estar destinados a emergencias reales.
Las penas previstas por el Código Penal
El comunicado detalla los artículos del CPA que se aplican a este tipo de conductas, subrayando que incluso los mensajes anónimos dejan rastros digitales y físicos que permiten a la justicia investigar su origen:
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Amenazas anónimas: contemplan una pena de hasta 3 años de prisión (Art. 149 bis).
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Intimidación Pública: para quien busque infundir temor público o generar desórdenes, la pena se eleva hasta los 6 años de prisión (Art. 211).
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Uso de elementos peligrosos: si en el mensaje o la acción se mencionan o emplean explosivos o químicos, la sanción puede alcanzar los 10 años de prisión.
Responsabilidad económica de los padres
Un punto clave de la advertencia reside en el impacto financiero para el entorno familiar del autor. Además de la responsabilidad penal que pueda caberle al joven, sus padres o tutores podrían enfrentar demandas civiles millonarias.
Estas acciones buscan resarcir los daños causados y cubrir los elevados costos de los operativos de seguridad y prevención que se despliegan ante cada alerta.
Protocolo de actuación para la comunidad
Ante la detección de un mensaje intimidatorio, el Ministerio Público brindó recomendaciones específicas para evitar la propagación del pánico:
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No viralizar: si se encuentra un mensaje, se debe evitar compartirlo en redes sociales o grupos de mensajería.
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Avisar a las autoridades: informar de manera inmediata a los directivos de la escuela.
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Romper el silencio: instan a quienes tengan información sobre los autores a hablar, remarcando que el silencio pone en riesgo a toda la comunidad.
"No es una broma. Un solo mensaje puede cambiar tu futuro legal y el de tu familia para siempre", concluye el documento oficial con el que se busca frenar la tendencia de amenazas que ha mantenido en alerta a la capital correntina en las últimas semanas.
Entre tanto, el Ministerio Público precisó que "si estás pasando por un momento difícil y tenés pensamientos que te lleven a querer lastimar a otros o lastimarte, no estás solo" y recordó que está disponible la línea del centro de asistencia al suicida: 0800-345-1435
