La eliminación del fondo de compensaciones económicas por parte del gobierno Nacional a las empresas de transporte anunciado este martes genera preocupación. Los afectados son personas con discapacidad, pacientes trasplantados y niños con cáncer. Los viajes de larga distancia son utilizados para acceder a tratamientos médicos fuera de la provincia.
La medida fue oficializada mediante la Resolución 28/2026 del Ministerio de Economía y se enmarca en el nuevo esquema normativo para el transporte automotor interjurisdiccional, que permite a las empresas fijar libremente las tarifas.
Aunque desde Nación aclararon que el derecho a la gratuidad continuará vigente y deberá seguir siendo garantizado por las compañías, organizaciones del sector temen que la eliminación del fondo vuelva aún más difícil conseguir los boletos.
¿Cómo impacta esta decisión?
Gilda Marcela Kriskovich, presidenta de la Asociación Civil Prestadores de Discapacidad, señaló a El Litoral: “Antes si bien tardaban en darte los pasajes, vos tenias que tramitar en la página del Registro Nacional de Transporte (RNT) solicitabas el pasaje y te daban el boleto de ida y vuelta”.
La referente explicó que muchas personas utilizan esos viajes para continuar tratamientos médicos que no pueden realizar en sus localidades y cuyos costos no son cubiertos por las obras sociales.
“Con esta decisión golpea a la persona con algún tipo de condición porque muchos de ellos utilizan estos pasajes libres para hacer la interconsulta para irse a hacerse su tratamiento muchas veces afuera porque eso la obra social no te reconoce”, sostuvo.
Además, advirtió sobre la situación crítica que atraviesa el sector en materia de prestaciones y cobertura médica.
Kriskovich remarcó que: “Esto que hizo el gobierno nacional de la quita de subsidios para el pasaje afecta a la persona y familia con discapacidad. Ya tienen cortado los medicamentos, las prestaciones porque Incluir y Pami no están pagando y data la deuda desde noviembre del año pasado. Ahora van a tener que pagar el pasaje, es una locura”.
Según expresó la referente de la Asociación Civil Prestadores de Discapacidad la medida representa un retroceso en derechos adquiridos y un nuevo obstáculo para quienes ya atraviesan múltiples dificultades económicas y de salud.
“Esto es una quita de derechos y golpea a la calidad de vida de la persona con discapacidad. Ajustan a un sector sumamente vulnerable, es uno de los sectores que más lo necesita”.
La preocupación ahora pasa por cómo responderán las empresas de transporte ante la falta de compensaciones estatales y si las familias podrán seguir accediendo efectivamente a los pasajes gratuitos en los próximos meses.
