Una propuesta impulsada por la legisladora del bloque PRO – Vamos Corrientes, Sofía Brambilla, busca convertir las ventajas comparativas de la geografía del Taragüí en activos financieros tangibles. A través de los denominados Bonos SVS (Sociales, Verdes y Sustentables), la provincia podría captar fondos en el mercado de capitales con la obligación de destinarlos exclusivamente a la preservación y al desarrollo social.
"Corrientes tiene algo que muchas provincias no tienen: el Iberá, los bosques nativos, la matriz forestal. Eso hoy vale en el mercado financiero mundial", fundamentó Brambilla respecto al valor estratégico de la iniciativa. La diputada remarcó que la norma busca transformar ese capital ecológico en una palanca de crecimiento real bajo normativas claras y auditorías ciudadanas rigurosas.
Proyectos elegibles: del Iberá a la energía limpia por biomasa
La normativa delimita con precisión el destino que deberán tener los fondos recaudados, impidiendo la discrecionalidad política.
El escrito detalla una serie de áreas prioritarias e ilustrativas para la aplicación del financiamiento en el territorio provincial:
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Biomasa forestal: aprovechamiento de residuos madereros (ramas, aserrín y corteza) para construir plantas de energía limpia en localidades industriales como Ituzaingó, abasteciendo a miles de hogares y generando empleo local.
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Saneamiento en el interior: financiamiento de redes de agua potable segura y cloacas en municipios pequeños, impactando de forma directa en la salud familiar y disminuyendo la contaminación hídrica de los cursos naturales.
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Ecosistema Iberá: financiamiento de planes de restauración de biodiversidad, control ambiental y turismo sustentable en el gran humedal correntino.
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Mercado de carbono: certificación internacional de los bosques implantados de la provincia para su comercialización como créditos de carbono en el mercado global, atrayendo divisas genuinas.
"Estamos creando una herramienta para que inversores de todo el mundo pongan plata en Corrientes, sabiendo que ese dinero va a un proyecto concreto", diferenció la legisladora provincial.
Tres candados de transparencia para el control de los fondos
Para evitar que los recursos se desvíen hacia el financiamiento del déficit o gastos administrativos ordinarios, el proyecto de ley establece tres rigurosos mecanismos de control institucional:
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Cuenta bancaria separada: los fondos obtenidos se depositarán en una cuenta especial del Banco de Corrientes, aislada del resto del presupuesto general de la administración.
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Auditoría externa (segunda opinión): un experto independiente deberá certificar, previo a cada emisión, que el proyecto en cuestión cumple de manera estricta con los estándares ambientales y sociales exigidos a nivel nacional e internacional.
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Rendición anual a la Legislatura: el Ministerio de Hacienda de la provincia estará obligado a presentar un informe anual detallando las obras realizadas y los resultados ambientales verificados.
"La transparencia no es un adorno, es parte del instrumento", concluyó Brambilla. De aprobarse la norma, que se apoya en los lineamientos de la Comisión Nacional de Valores, Corrientes se convertirá en una de las provincias pioneras de la Argentina en contar con una legislación específica en materia de deuda sostenible.
