La Asociación de Ex Combatientes en Malvinas de Corrientes y el Centro de Ex Soldados Combatientes en Malvinas (Cescem) se declararon en estado de alerta y movilización ante la organización de un encuentro nacional en la ciudad de Mercedes programado para el próximo 20 de junio, impulsado por agrupaciones de soldados conscriptos movilizados durante el conflicto de 1982 pero que no operaron en el teatro de operaciones bélicas.
La controversia reabre una histórica grieta jurídica y económica entre los veteranos de guerra que hicieron frente al despliegue militar británico en las islas y los exconscriptos que permanecieron acuartelados en las bases del litoral marítimo continental de la Patagonia.
El oficialismo de los centros de combatientes correntinos interpreta la realización de esta cumbre como una maniobra de presión política destinada a forzar la equiparación de derechos provisionales, abriendo la puerta al cobro de pensiones nacionales y provinciales de guerra para un universo de miles de nuevos beneficiarios.
Denuncias de "estafa" presupuestaria y amenaza de bloqueos de rutas
El presidente de la Asociación de Ex Combatientes en Malvinas de la provincia, José Galván, impugnó de forma tajante el cónclave mercedeño y trazó un panorama crítico sobre la evolución de los padrones de pensionados a nivel federal, advirtiendo sobre las consecuencias macroeconómicas de ceder ante las demandas del sector movilizado.
"En Malvinas hubo 10.000 soldados conscriptos que fuimos a cumplir el Servicio Militar Obligatorio. Sin embargo, actualmente hay 30.000 soldados cobrando la pensión nacional y nadie hace nada", denunció Galván a Nord24.
El dirigente calificó la pretensión de extender los beneficios económicos como una "estafa a todos los argentinos" financiada con recursos públicos de una población civil bajo ajuste estatal.
El representante de los veteranos correntinos alertó que habilitar el precedente en Mercedes desvirtuaría los presupuestos provinciales y comparó la situación local con la vecina provincia de Chaco, donde aseguró que "ya cobra cualquiera".
Además, Galván deslizó la posibilidad de adoptar medidas de acción directa: "La idea es cerrar el paso para que no puedan ingresar el 20 de junio a Mercedes. Ojalá no se quiera llegar a eso, porque eso trae consecuencias", advirtió el referente.
El comunicado del Cescem y la imputación política a diputados
En sintonía con las declaraciones de Galván, la Coordinadora Provincial de Centros de Ex Soldados Combatientes —entidad que nuclea la representación formal de 29 filiales en todo el territorio correntino— emitió una fuerte solicitada convocando a todos los veteranos, familiares y comunidades locales a marchar hacia el centro de la provincia el próximo jueves en defensa del Teatro de Operaciones del Atlántico Sur (TOAS) como único límite legal para el otorgamiento del reconocimiento histórico y moral de la gesta de hace 44 años.
El documento del Cescem añade una dimensión de disputa político-partidaria al conflicto al señalar de manera directa a dos legisladores nacionales electos por el distrito correntino como los presuntos promotores y articuladores logísticos del mitin de los movilizados en Mercedes.
La conducción excombatiente formalizó una denuncia pública contra los diputados nacionales Lisandro Almirón y Virginia Gallardo, acusándolos de "fogonear" de manera irresponsable agendas corporativas que buscan "seguir fabricando excombatientes" con fines electorales y en detrimento de la dignidad, el respeto y los derechos adquiridos por quienes efectivamente sostuvieron el combate efectivo en las trincheras de las islas Malvinas durante la primavera de 1982.
Sin embargo, en declaraciones a la prensa, Almirón se desligó de cualquier organización al respecto.
