El ministro de Salud Pública, Emilio Lanari, mantuvo una mesa de trabajo institucional con los representantes de la Asociación Correntina de Implantología y Prevención Oftalmológica de Corrientes (Acipoc), con el objetivo de coordinar un esquema de fiscalización estricto que garantice que toda prestación vinculada a la salud visual sea ejecutada exclusivamente por médicos matriculados y dentro de establecimientos formalmente habilitados.
La iniciativa oficial busca dar una respuesta firme frente a una serie de operativos oftalmológicos detectados en diversas localidades, los cuales eran llevados a cabo por personas que carecen del aval administrativo y de la titulación requerida por la normativa vigente.
Desde la cartera sanitaria recordaron que la Ley Provincial N° 2839 exige de forma taxativa la intervención de profesionales con matrícula habilitante en el territorio correntino, así como el uso de infraestructura física acondicionada que resguarde la seguridad sanitaria de los pacientes.
Denuncias judiciales y clausuras a las campañas clandestinas
La estrategia de fiscalización contemplará un canal de articulación directa con los estrados judiciales para penalizar los desvíos. Al respecto, el director de Fiscalización Sanitaria del Ministerio, Manuel Carles, advirtió de forma taxativa que las inspecciones se profundizarán en todo el territorio provincial y que, en caso de detectar irregularidades o falsificación de condiciones, se procederá a la inmediata intervención de la Justicia.
Carles remarcó que las normativas exigen que cada efector posea una autorización previa emitida por el organismo a su cargo antes de tomar contacto con los pacientes.
Por su parte, el presidente de Acipoc, Osiris Mongiat, ratificó el consenso alcanzado con los funcionarios provinciales para avanzar en el desmantelamiento de los circuitos informales.
El directivo médico explicitó el acuerdo para que todos los operativos que se ubiquen por fuera de las reglamentaciones vigentes sean desafectados y clausurados de manera inmediata.
Mongiat enfatizó que la evaluación de la agudeza visual y la prescripción de lentes constituyen un acto médico que debe estar bajo la responsabilidad de un oftalmólogo que emita una receta con firma y sello digital o físico.
Venta ilegal de anteojos en sindicatos, mutuales y clubes
El Ministerio de Salud Pública emitió una advertencia formal a la población respecto a la proliferación de campañas de provisión de lentes que se desarrollan en espacios no tradicionales como clubes de barrio, sedes sindicales o mutuales, remarcando de manera categórica que estas actividades comerciales carecen de todo sustento legal y control de bioseguridad.
La cartera sanitaria instó a los ciudadanos a canalizar sus consultas a través de los servicios hospitalarios oficiales, centros de atención primaria o consultorios privados autorizados, evitando exponerse a diagnósticos erróneos emitidos por organizaciones itinerantes que operan de forma clandestina con fines de lucro y sin los estándares mínimos de la práctica médica.
