En cumplimiento de una sentencia dictada por el Juzgado Federal N° 1 de Resistencia, el Registro de las Personas de Corrientes anuló el acta de defunción de 1976 de Carlos Tereszecuk y emitió un nuevo documento acorde al contexto en que murió.
En la nueva partida se acredita de manera oficial que su fallecimiento fue un homicidio calificado como crimen de lesa humanidad, tras ser secuestrado, asesinado y arrojado al río Paraná en el marco del terrorismo de Estado.
La medida constituye una reparación histórica y de acceso al Derecho a la Verdad para sus familiares.
Rectificación registral y reparación a los familiares
La medida de la Justicia Federal y el organismo correntino otorga certeza jurídica sobre las causas del fallecimiento.
El nuevo documento (Acta N° 41, Tomo N° 80 de Empedrado) deja constancia expresa de que se trató de un homicidio enmarcado en crímenes de lesa humanidad.
De esta manera se procedió a la anulación formal del acta administrativa confeccionada en 1976 para reparar el daño institucional generado a las víctimas.
Como parte de esta reparación histórica, se entregaron copias autenticadas de la nueva partida de defunción a los hermanos y sobrinos de Tereszecuk.
El fallo judicial y la reconstrucción del caso
La sentencia de la jueza Zunilda Niremperger permitió reconstruir el itinerario represivo que sufrió la víctima.
Tereszecuk, quien era secretario del Poder Legislativo de Misiones, fue secuestrado en noviembre de 1976 y alojado en la Jefatura de Policía de Resistencia.
Su cuerpo fue rescatado de las aguas del río Paraná en la costa de Empedrado el 14 de noviembre de 1976, sepultado como NN y finalmente identificado en 2018 por el Equipo Argentino de Antropología Forense (Eaaf).
La confirmación de la práctica sistemática en el río Paraná
La resolución judicial dio por acreditado el patrón utilizado por las fuerzas represivas en la región.
Se comprobó un patrón de hallazgos, pues la causa ratificó que el arrojamiento de cuerpos al río Paraná constituía una práctica sistemática del terrorismo de Estado.
Los peritajes demostraron maniobras comunes para obstaculizar identificaciones, tales como ataduras de alambre, amputación de yemas dactilares, heridas de ejecución y cortes abdominales.
La reconstrucción fue posible gracias al trabajo conjunto entre la Fiscalía Federal de Corrientes y el Eaaf, vinculando también los casos de Rómulo Artieda y Julio "Bocha" Pereyra.
