Por José Calero, de NA
El proceso de extradición iniciado por un juez argentino contra Isabel Perón hizo reaparecer fantasmas irresueltos de la convulsionada historia política argentina.
Es la primera vez en más de 23 años de democracia que la Justicia avanza sobre el proceso democrático anterior a la instauración de la dictadura.
En 1986, José López Rega, ex ministro de Bienestar Social de Perón y luego de Isabel, había sido extraditado y detenido por los crímenes de la ultraderechista Triple A, pero en todo este tiempo nunca se había llegado hasta la ex presidenta.
El paso de María Estela Martínez de Perón es motivo de debate arduo en la sociedad argentina, aún 30 años después.
Y en el medio aparece la figura de López Rega, quien condujo con mano de hierro la temible Triple A (Alianza Anticomunista Argentina), y fue amo y señor del destino de miles de argentinos.
Muchos reprochan decisiones tomadas durante el efímero paso de Isabel por la Casa Rosada, pero otros sostienen que fue una víctima de disputas encarnizadas por el poder que terminó pagando cinco años presa por orden de los militares que la derrocaron.
Ahora, la Justicia pone la lupa sobre una de esas medidas polémicas, vinculada con tres decretos firmados por Isabelita en 1975 que autorizaron a las Fuerzas Armadas a “aniquilar el accionar de la subversión”.
La Justicia sostiene que fueron una herramienta clave para dar vía libre al terrorismo de Estado y por eso el juez mendocino Héctor Acosta acusa a Isabel de privación ilegal de la libertad, un delito no excarcelable, a raíz de la desaparición del joven Héctor Fagetti Gallego, detenido el 25 de febrero de 1976, que es la causa del pedido de extradición.
El trámite de extradición de la ex presidenta se podría haber simplificado porque la Argentina y España tienen firmado un acuerdo con ese fin, pero la viuda de Perón, de 75 años, rehusó esa posibilidad, lo cual revela también que teme por su futuro.
Por ahora, el gobierno de Néstor Kirchner optó por mantener un perfil bajo sobre esta causa y sólo atinó a sostener que en el país “no puede haber impunidad para nadie”, horas después de trascender el pedido de detención de la ex presidenta.
Todo indica que a Kirchner -quien estuvo algunas horas detenido en enero de 1976 cuando Santa Cruz se hallaba bajo control del V Cuerpo del Ejército- no le disgusta que la Justicia haya avanzado también sobre lo ocurrido en el país antes del Golpe, y que su administración encuentra positivo este proceso judicial.
Al fin y al cabo, sigue la misma lógica de la derogación de las leyes alfonsinistas de Punto Final y Obediencia Debida, impulsada desde el oficialismo y que este año recalentará los pasillos de tribunales con procesos contra ex jerarcas de la última dictadura.
Isabel no es la única comprometida en la causa de Mendoza, ya que allí también están imputados otros firmantes de esos decretos, como el ex presidente provisional del Senado Italo Luder (padece una enfermedad degenerativa mental que le impide declarar), el ex ministro de Economía Antonio Cafiero (obtuvo la eximición de prisión pero sufrió una caución de 200 mil pesos) y el ex ministro de Trabajo Carlos Ruckauf (por ahora posee fueros como diputado y podría negarse a declarar).
Otro dato político de la semana provino de la esfera eclesiástica, ya que el cardenal Jorge Bergoglio tuvo una activa presencia en el Vaticano, donde fue recibido por el Papa Benedicto XVI.
La Iglesia argentina mantiene una relación tensa con el gobierno de Kirchner, y tal vez el Papa haya aprovechado para ponerse al corriente sobre este tema, pero Bergoglio buscó aprovechar su paso por Roma para tener pistas de qué hará el Vaticano con el vicario castrense Antonio Baseotto.
El vicario, que en abril cumple 75 años y presentará la renuncia, había utilizado un pasaje bíblico para sugerir “arrojar al mar” al ministro de Salud, Ginés González García, por su posición favorable al aborto en determinados casos como los embarazados provocados por violaciones.
El Gobierno quiere que el Vaticano le acepte la renuncia a Baseotto, pero el Papa tiene la opción de inclinarse por la continuidad del vicario.
La inflación reflota una pelea
La primera medida fuerte del año tomada por el Gobierno le apuntó al corazón de la inflación, una señal clara de cuál es la principal preocupación en materia económica.
Apenas Felisa Miceli recibió los primeros indicios de que los precios se dispararían por encima del 1 por ciento en enero, anunció la creación de un fondo que el Estado utilizará para evitar subas en alimentos otorgando subsidios a distintos sectores.
El problema es que para crear ese fondo se decidió volver a aumentar las retenciones, en este caso a la soja y sus derivados, lo que reavivó la llama de la pelea con el campo, que se encontraba en posición de “piloto” y ahora va camino de volver al máximo, con amague de paro incluido.
El Gobierno sigue convencido de que el excelente momento que atraviesa el sector agropecuario, favorecido por el tipo de cambio alto, lo habilita a morder buena parte de sus recursos para financiar la política social o, en este caso, crear instrumentos de intervención directa que alteran los nervios de los productores.
Contener la inflación, en un año electoral, es prioridad uno en la Casa Rosada, por lo que no deberían sorprender nuevas medidas destinadas a poner en caja los precios.
El proceso de extradición iniciado por un juez argentino contra Isabel Perón hizo reaparecer fantasmas irresueltos de la convulsionada historia política argentina.
Es la primera vez en más de 23 años de democracia que la Justicia avanza sobre el proceso democrático anterior a la instauración de la dictadura.
En 1986, José López Rega, ex ministro de Bienestar Social de Perón y luego de Isabel, había sido extraditado y detenido por los crímenes de la ultraderechista Triple A, pero en todo este tiempo nunca se había llegado hasta la ex presidenta.
El paso de María Estela Martínez de Perón es motivo de debate arduo en la sociedad argentina, aún 30 años después.
Y en el medio aparece la figura de López Rega, quien condujo con mano de hierro la temible Triple A (Alianza Anticomunista Argentina), y fue amo y señor del destino de miles de argentinos.
Muchos reprochan decisiones tomadas durante el efímero paso de Isabel por la Casa Rosada, pero otros sostienen que fue una víctima de disputas encarnizadas por el poder que terminó pagando cinco años presa por orden de los militares que la derrocaron.
Ahora, la Justicia pone la lupa sobre una de esas medidas polémicas, vinculada con tres decretos firmados por Isabelita en 1975 que autorizaron a las Fuerzas Armadas a “aniquilar el accionar de la subversión”.
La Justicia sostiene que fueron una herramienta clave para dar vía libre al terrorismo de Estado y por eso el juez mendocino Héctor Acosta acusa a Isabel de privación ilegal de la libertad, un delito no excarcelable, a raíz de la desaparición del joven Héctor Fagetti Gallego, detenido el 25 de febrero de 1976, que es la causa del pedido de extradición.
El trámite de extradición de la ex presidenta se podría haber simplificado porque la Argentina y España tienen firmado un acuerdo con ese fin, pero la viuda de Perón, de 75 años, rehusó esa posibilidad, lo cual revela también que teme por su futuro.
Por ahora, el gobierno de Néstor Kirchner optó por mantener un perfil bajo sobre esta causa y sólo atinó a sostener que en el país “no puede haber impunidad para nadie”, horas después de trascender el pedido de detención de la ex presidenta.
Todo indica que a Kirchner -quien estuvo algunas horas detenido en enero de 1976 cuando Santa Cruz se hallaba bajo control del V Cuerpo del Ejército- no le disgusta que la Justicia haya avanzado también sobre lo ocurrido en el país antes del Golpe, y que su administración encuentra positivo este proceso judicial.
Al fin y al cabo, sigue la misma lógica de la derogación de las leyes alfonsinistas de Punto Final y Obediencia Debida, impulsada desde el oficialismo y que este año recalentará los pasillos de tribunales con procesos contra ex jerarcas de la última dictadura.
Isabel no es la única comprometida en la causa de Mendoza, ya que allí también están imputados otros firmantes de esos decretos, como el ex presidente provisional del Senado Italo Luder (padece una enfermedad degenerativa mental que le impide declarar), el ex ministro de Economía Antonio Cafiero (obtuvo la eximición de prisión pero sufrió una caución de 200 mil pesos) y el ex ministro de Trabajo Carlos Ruckauf (por ahora posee fueros como diputado y podría negarse a declarar).
Otro dato político de la semana provino de la esfera eclesiástica, ya que el cardenal Jorge Bergoglio tuvo una activa presencia en el Vaticano, donde fue recibido por el Papa Benedicto XVI.
La Iglesia argentina mantiene una relación tensa con el gobierno de Kirchner, y tal vez el Papa haya aprovechado para ponerse al corriente sobre este tema, pero Bergoglio buscó aprovechar su paso por Roma para tener pistas de qué hará el Vaticano con el vicario castrense Antonio Baseotto.
El vicario, que en abril cumple 75 años y presentará la renuncia, había utilizado un pasaje bíblico para sugerir “arrojar al mar” al ministro de Salud, Ginés González García, por su posición favorable al aborto en determinados casos como los embarazados provocados por violaciones.
El Gobierno quiere que el Vaticano le acepte la renuncia a Baseotto, pero el Papa tiene la opción de inclinarse por la continuidad del vicario.
La inflación reflota una pelea
La primera medida fuerte del año tomada por el Gobierno le apuntó al corazón de la inflación, una señal clara de cuál es la principal preocupación en materia económica.
Apenas Felisa Miceli recibió los primeros indicios de que los precios se dispararían por encima del 1 por ciento en enero, anunció la creación de un fondo que el Estado utilizará para evitar subas en alimentos otorgando subsidios a distintos sectores.
El problema es que para crear ese fondo se decidió volver a aumentar las retenciones, en este caso a la soja y sus derivados, lo que reavivó la llama de la pelea con el campo, que se encontraba en posición de “piloto” y ahora va camino de volver al máximo, con amague de paro incluido.
El Gobierno sigue convencido de que el excelente momento que atraviesa el sector agropecuario, favorecido por el tipo de cambio alto, lo habilita a morder buena parte de sus recursos para financiar la política social o, en este caso, crear instrumentos de intervención directa que alteran los nervios de los productores.
Contener la inflación, en un año electoral, es prioridad uno en la Casa Rosada, por lo que no deberían sorprender nuevas medidas destinadas a poner en caja los precios.
