Recientemente, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, presentó los números del 2017, que colocan a Argentina en el segundo lugar, con menos homicidios dolosos en América Latina, con una tasa de 5,2 por ciento cada 100 mil habitantes. En 2016, el número ya había descendido del 6,6, en 2015, al 6 por ciento. El país se ubicó detrás de Chile -con 3,5 por ciento de homicidios- y por encima de Ecuador -con una tasa del 5,8 por ciento-.
De los tres, Argentina fue el único en bajar el indicador durante el año pasado. En 2015, el Sistema Nacional de Información Criminal (Snic) registró en el país 2.837 víctimas; 2605, en 2016 y 2.293, el año pasado. Es decir que hubo 312 homicidios menos en los últimos dos años. Según los datos, a la vez, disminuyó un 6 por ciento la tasa de delitos contra la propiedad. En 2015, hubo 1.999 hechos, cada 100 mil habitantes. El número descendió a 1.942 al año siguiente y, en 2017, continuó a la baja con 1.828. Lo mismo ocurrió con los robos y los hurtos, con un descenso de 7 y 6 por ciento, respectivamente.
Respecto a los hurtos, el elevado número de robo de celulares sigue preocupando a las autoridades del Ministerio, que aún no ven los resultados del programa “Registra tu línea y habla seguro” o el llamado al 910, para denunciar el aparato robado, debido a que no han logrado que los usuarios los utilicen.
Bullrich atribuye los descensos a un policiamiento menos estático, una mejor distribución de los recursos, de acuerdo con los datos vertidos por los mapas de calor implementados por las provincias de forma homologada, y el uso de tecnología, pese a un presupuesto que todavía resulta “apretado” para la seguridad interior. En cambio, un aumento del 6 por ciento en la tasa de lesiones dolosas, que fue de 342 a 363 entre 2016 y 2017, merece especial atención a conflictos intrafamiliares, vecinales, enfrentamientos entre barras y bandas delictivas. También se registró un aumento del 4 por ciento de amenazas, relacionadas, principalmente, a la virulencia política del año pasado y a los llamados a escuelas, realizados durante las últimas elecciones legislativas. El Gobierno aplica una política de cero tolerancia a estos mensajes intimidatorios, ya sean telefónicos o por redes sociales.
En cuanto a la incorporación de miembros de las Fuerzas Armadas a la seguridad interior, no se espera que altere el esquema actual. “No nos vamos a mover un milímetro de la frontera”, dice la ministra quien se muestra conforme con el esquema actual. Se estima que con el cambio, unos 300 gendarmes quedarán liberados para reforzar operaciones antinarco y otros delitos complejos.
El aumento del número de víctimas rescatadas del delito de trata de personas es otro motivo de orgullo para la gestión de Bullrich. En 2017, las fuerzas federales rescataron un 95 por ciento de personas explotadas más que en 2016. La cifra de 2015, 1.058 víctimas rescatadas, había descendido en 2016 a 709; mientras que en 2017, ascendió a 1.386, según datos del Sistrata y el Ministerio. La mayor cantidad de personas rescatadas fueron explotadas laboralmente, un delito que se concentra, en las provincias del Noroeste argentino y en zonas de cosecha como Misiones y Mendoza. En tanto, la explotación sexual se registra, principalmente, en centros urbanos y regiones petroleras donde existe un nivel adquisitivo alto y desarraigo como Comodoro Rivadavia, Neuquén y Tierra del Fuego.
Respecto a 2016, en 2017, se secuestró un 8% más de marihuana (122.297 kg. frente a 132.590 kg.) y 120% más de cocaína. Desde el Ministerio a cargo de Bullrich perciben mayor efectividad en las investigaciones y una mayor cantidad de denuncias en las provincias del interior.
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