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Venezuela acosada por la persecución política

Los arrepentidos, todos empresarios, han admitido que han pagado coimas o han hecho aportes ilegales para campañas políticas con dinero negro.
 

El atentado contra el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, el pasado 4 de agosto, empieza a convertirse en la coartada perfecta del régimen para perseguir, una vez más, a los opositores políticos. Tras la detención arbitraria de Juan Requesens, el joven diputado del partido Primero Justicia, y la petición de cárcel para Julio Borges, ex presidente de la Asamblea Nacional, exiliado en Bogotá, el resto de la oposición teme que llegue un nuevo proceso represivo que permita cierta estabilización del mandatario en el poder.
En la reciente sesión de la Asamblea Constituyente, en la que quedó allanada la inmunidad parlamentaria de Borges y Requesens, acusados de supuestamente participar en el atentado, su presidente actual, Diosdado Cabello, concluyó afirmando: “Estos son los dos primeros que aparecen señalados. La investigación sigue. A todo aquel que esté involucrado le llegará la justicia. Viene la justicia, y viene con todo”.
Fuentes cercanas a las negociaciones que buscaron un acuerdo entre la oposición y Maduro en República Dominicana a comienzos de este año recuerdan que se comentó con frecuencia que al dirigente opositor Borges se le había advertido sobre las consecuencias que le acarrearía no firmar y profundizar el asedio diplomático. Terminada la jornada en Santo Domingo, el máximo líder de Primero Justicia no regresó a Venezuela y sacó a su familia del país rumbo a Bogotá. “El régimen de Maduro lo único que tiene en este momento para sostenerse es la fuerza bruta porque ni siquiera las Fuerzas Armadas le apoyan", dijo Borges al diario español El País. “Su único recurso es la represión y el miedo e inventar este tipo de eventos para tratar de victimizarse cuando él es el victimario contra el pueblo venezolano”, agregó.
El propio Cabello había dicho poco antes que cinco diputados más están siendo investigados por sus vínculos en la conspiración para asesinar a Maduro. Las filas opositoras creen que el régimen bolivariano va a cargar contra dirigentes de Primero Justicia y Voluntad Popular, dos formaciones relativamente recientes, de cierto arraigo, aunque muy golpeadas por la persecución política y los fracasos recientes de la oposición.
Buena parte de los miembros de estas formaciones ya se han exiliado en Colombia. El país vecino se ha convertido en el blanco de todas las críticas de Maduro hasta convertirse en su principal enemigo: el presidente venezolano acusó al ex presidente Juan Manuel Santos de ser uno de los instigadores del atentado. Los dos diputados en la mira del régimen, según varias fuentes, son Juan Manuel Olivares e Ismael García. Los hermanos Juan Pablo y Tomás Guanipa, todos de Primero Justicia, este último su secretario general, también estarían en la lista. Luis Florido, de Voluntad Popular, como todos los voceros opositores, no da ningún crédito a las acusaciones de Maduro contra estos diputados. 
Además, ningún país del mundo reconoce a la Constituyente de Maduro. Borges señaló: “La respuesta de la oposición es la de seguir luchando y resistiendo. La sociedad venezolana va a seguir luchando por el cambio democrático. Necesitamos las ayudas de las democracias del mundo”.
Mientras tanto, sectores sindicales, políticos y sociales de la oposición ya han aprobado la convocatoria a una huelga general, en protesta por el rezago de los sueldos y la situación económica, una convocatoria que puede encontrar eco en sectores sindicales chavistas. Florido afirma que la dirigencia opositora que sigue en el país debe rearmar de manera urgente a su dirección política con el objeto de dar una respuesta coherente al problema.

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Venezuela acosada por la persecución política

Los arrepentidos, todos empresarios, han admitido que han pagado coimas o han hecho aportes ilegales para campañas políticas con dinero negro.
 

El atentado contra el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, el pasado 4 de agosto, empieza a convertirse en la coartada perfecta del régimen para perseguir, una vez más, a los opositores políticos. Tras la detención arbitraria de Juan Requesens, el joven diputado del partido Primero Justicia, y la petición de cárcel para Julio Borges, ex presidente de la Asamblea Nacional, exiliado en Bogotá, el resto de la oposición teme que llegue un nuevo proceso represivo que permita cierta estabilización del mandatario en el poder.
En la reciente sesión de la Asamblea Constituyente, en la que quedó allanada la inmunidad parlamentaria de Borges y Requesens, acusados de supuestamente participar en el atentado, su presidente actual, Diosdado Cabello, concluyó afirmando: “Estos son los dos primeros que aparecen señalados. La investigación sigue. A todo aquel que esté involucrado le llegará la justicia. Viene la justicia, y viene con todo”.
Fuentes cercanas a las negociaciones que buscaron un acuerdo entre la oposición y Maduro en República Dominicana a comienzos de este año recuerdan que se comentó con frecuencia que al dirigente opositor Borges se le había advertido sobre las consecuencias que le acarrearía no firmar y profundizar el asedio diplomático. Terminada la jornada en Santo Domingo, el máximo líder de Primero Justicia no regresó a Venezuela y sacó a su familia del país rumbo a Bogotá. “El régimen de Maduro lo único que tiene en este momento para sostenerse es la fuerza bruta porque ni siquiera las Fuerzas Armadas le apoyan", dijo Borges al diario español El País. “Su único recurso es la represión y el miedo e inventar este tipo de eventos para tratar de victimizarse cuando él es el victimario contra el pueblo venezolano”, agregó.
El propio Cabello había dicho poco antes que cinco diputados más están siendo investigados por sus vínculos en la conspiración para asesinar a Maduro. Las filas opositoras creen que el régimen bolivariano va a cargar contra dirigentes de Primero Justicia y Voluntad Popular, dos formaciones relativamente recientes, de cierto arraigo, aunque muy golpeadas por la persecución política y los fracasos recientes de la oposición.
Buena parte de los miembros de estas formaciones ya se han exiliado en Colombia. El país vecino se ha convertido en el blanco de todas las críticas de Maduro hasta convertirse en su principal enemigo: el presidente venezolano acusó al ex presidente Juan Manuel Santos de ser uno de los instigadores del atentado. Los dos diputados en la mira del régimen, según varias fuentes, son Juan Manuel Olivares e Ismael García. Los hermanos Juan Pablo y Tomás Guanipa, todos de Primero Justicia, este último su secretario general, también estarían en la lista. Luis Florido, de Voluntad Popular, como todos los voceros opositores, no da ningún crédito a las acusaciones de Maduro contra estos diputados. 
Además, ningún país del mundo reconoce a la Constituyente de Maduro. Borges señaló: “La respuesta de la oposición es la de seguir luchando y resistiendo. La sociedad venezolana va a seguir luchando por el cambio democrático. Necesitamos las ayudas de las democracias del mundo”.
Mientras tanto, sectores sindicales, políticos y sociales de la oposición ya han aprobado la convocatoria a una huelga general, en protesta por el rezago de los sueldos y la situación económica, una convocatoria que puede encontrar eco en sectores sindicales chavistas. Florido afirma que la dirigencia opositora que sigue en el país debe rearmar de manera urgente a su dirección política con el objeto de dar una respuesta coherente al problema.