Los vulnerables

Por Ricardo Lorenzetti

Juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Miki es un nombre de fantasía para proteger a una niña que tiene 17 años. La madre la abandonó hace mucho tiempo, su padre falleció. Su padrastro abusó de ella desde que tenía ocho años, la violó y la embarazó, y ahora tiene un bebé. Vivió en un hogar de menores, luego con una tía haciendo cirujeo junto con siete primos y un caballo que tiraba del carro. Vive en una casilla en un asentamiento de la zona Sur que todavía está húmeda por el agua que se usó para apagar el fuego cuando se incendió semanas atrás. Una noche fue golpeada y abusada por diez varones. Hizo la denuncia y vive con miedo. Su deseo es terminar el secundario y conseguir un trabajo.

El relato conmueve y revela una realidad intolerable.

Niños sin futuro, que viven experiencias de adultos sin pasar por la infancia; niños sin niño (Serrat), de vivir ceniciento (Miguel Hernández), que vienen al mundo sólo a padecer. Los miserables, que describiera Víctor Hugo, no se extinguieron en 1862; por el contrario, son cada vez más numerosos, y no son sólo niños, sino también adolescentes y adultos.

Hay muchísimas personas que están fuera del sistema, no tienen trabajo ni viviendas adecuadas y terminan en asentamientos o en la calle. Viven en riesgo permanente porque son víctimas de las redes de trata de personas, del narcotráfico, de las peleas grupales y la violencia.

La sociología los califica como sectores de pobreza extrema, lo que quiere decir que es una pobreza sin dignidad, sin futuro. La seguridad, la estabilidad, el ascenso social, la educación, el trabajo y el progreso les resultan ajenos.

En situaciones de crisis se les ayuda con asistencia, planes sociales que son útiles si son transitorios, pero que, cuando se hacen perdurables, no sólo no ayudan, sino que perpetúan la situación.

Las políticas públicas tienen que enfocarse urgentemente en ellos de manera distinta.

En primer lugar, porque no se trata de números estadísticos, sino de personas, con nombres, historias, padecimientos, dolor.

En segundo lugar, porque son vulnerables, no pueden solucionar su problema por sí mismos, el entorno marca su destino.

En tercer lugar, porque ninguna sociedad puede ser organizada sobre esta base. John Rawls enseñaba que debemos establecer las reglas sin saber qué lugar ocuparíamos (velo de ignorancia). ¿Estaríamos dispuestos a entrar en una sociedad si nos toca vivir en pobreza extrema?, ¿no sería razonable establecer una regla básica en la que todos tengan una oportunidad similar?

Desde este punto de vista, no se trata de asistencialismo, sino de igualdad.

El problema requiere una solución, porque las sociedades desiguales generan frustraciones individuales y colectivas, así como tensiones que dan lugar a conflictos muy graves. Tenemos suficiente experiencia histórica, como para saber que nadie puede desarrollarse plenamente en un sistema que admita desigualdades sistémicas.

La igualdad debe ser un valor protegido, políticamente buscado y debe ser una aspiración constante de la gobernabilidad.

Por esta razón es que la Constitución establece la igualdad de oportunidades. Una igualdad de puntos de partida o de recursos, para que cada uno se pueda desempeñar en la vida, es factible desde el punto de vista económico y social.

Las personas tienen distintos recursos naturales, en lo que hace a capacidad, a intelecto, y su distribución no está, por ahora, al alcance de los humanos. Pero los recursos impersonales, los bienes en general, obedecen a criterios racionales. La igualdad de recursos se refiere a que todos cuenten, en el punto de partida, con una cuota similar de herramientas, aunque luego existan diferencias basadas en el mejor o peor uso que cada uno haga, en virtud de sus capacidades naturales.

La definición de la Constitución en relación a la igualdad de oportunidades implica, como lo hemos dicho en varias sentencias de la Corte Suprema, que es necesario asegurar un mínimo aceptable de bienes primarios. Cada persona ha de tener un derecho igual al más amplio sistema total de libertades básicas, compatible con un sistema similar de libertad para todos.

Ello también significa que una buena política destinada a lograr la igualdad de oportunidades, debe ser complementada con educación, porque el uso de los recursos y capacidades, depende, fundamentalmente, del conocimiento y la capacitación. Por eso es que la pobreza sistémica no es una decisión personal del pobre; cuando uno nace en un contexto de ostracismo, es muy difícil salir adelante.

Las políticas públicas de igualdad están muy estudiadas, hay numerosos ejemplos en muchos países. La igualdad no es repartir igual cantidad de dinero entre un grupo de personas. Se trata de desarrollo humano, de expandir libertades para que cada uno pueda tener una vida (Amartya Sen), y por ello se trata, en definitiva, de derechos fundamentales efectivos.