Por Sebastián Welisiejko
Secretario de Integración Socio Urbana.
Ministerio de Salud y Desarrollo Social de la Nación/Especial para El Litoral.
En el año 2016 desde el Gobierno nacional, en conjunto con la ONG Techo, Cáritas y organizaciones sociales, comenzamos el primer relevamiento nacional de Barrios Populares, villas y asentamientos de todo el país donde los vecinos no cuentan con acceso formal a los servicios básicos de agua, cloacas y electricidad, ni título de propiedad de sus viviendas.
Para encarar una política de Estado consistente, integral y de alcance nacional, entendimos que era necesario tomar dimensión y conocer la realidad del hábitat informal en la Argentina, por dolorosa que fuera. Con el compromiso del presidente Mauricio Macri y de la ministra de Salud y Desarrollo Social, Carolina Stanley, pusimos en agenda una problemática a la que distintos gobiernos dieron la espalda por décadas. Comenzamos a crear derechos donde solo había olvido.
A partir del relevamiento pudimos saber que más de 4 millones de personas viven en 4.416 barrios, que conformaron el Registro Nacional de Barrios Populares. En octubre de 2018 se votó por unanimidad la Ley 27.453 que sienta las bases para poner en el centro de la política de desarrollo la integración sociourbana de los barrios populares.
A su vez, de esta norma surge el Programa de Integración Socio Urbana (Pisu), que tiene por objetivo invertir en la provisión de servicios básicos, el ordenamiento territorial, el desarrollo humano y comunitario, la integración socio-productiva y la seguridad en la tenencia de la tierra para las familias, borrando las fronteras físicas, sociales y también simbólicas que separan a los barrios populares de la ciudad formal.
En el marco del Pisu y con financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo, desde el Ministerio nos enorgullece estar trabajando codo a codo con el Gobierno de la Provincia y el Municipio de la ciudad de Corrientes en el abordaje integral de tres barrios de la capital provincial: Doctor Montaña, Río Paraná y Punta Taitalo. Es una primera etapa que busca sentar las bases para la plena integración de los 120 barrios populares correntinos.
Unicamente a partir de esfuerzos compartidos y coordinados entre la Nación, las provincias y los municipios, y poniendo a las comunidades y los vecinos en el centro de los procesos, podremos comenzar a dar respuesta a una problemática histórica en nuestro país.
No hacerlo implicaría afrontar graves costos intergeneracionales y profundizar desigualdades que duelen hondo y nos separan como argentinos.
Será sin dudas un proceso complejo que demandará años de inversión y esfuerzos sostenidos, de la construcción de consensos más allá de los gobiernos de turno, de compromisos constantes que consoliden a la integración sociourbana como una verdadera política de Estado con el potencial de transformar la Argentina de raíz y para siempre.
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