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/Ellitoral.com.ar/ Opinión

Fingir demencia, la vieja estrategia de los hipócritas

“Somos liberales, no boludos”

Javier Milei

                      Días pasados leí que una conocida encuestadora está construyendo un sistema de medición sobre el grado de hipocresía que existe no sólo en el gobierno sino también en la sociedad.

                   La hipocresía es una manera disvaliosa de comportamiento, la falacia, el doblez, el cinismo. Una persona hipócrita es la que finge valores que en su vida diaria no los practica.

                   Y vaya si en la Argentina de 2024 se está poniendo de moda, lamentablemente no sólo para el ámbito público, también en el seno social.

                   El tema del autoincremento en las dietas de los senadores, puso blanco sobre negro la hipocresía que generalmente campea en la opinión pública y, además y fundamentalmente, en el comportamiento de los funcionarios públicos.

                   Una mínima porción de coherencia ética nos obliga ser coherentes entre conducta y discurso. No ayuda: “ver la paja en el ojo ajeno pero no la viga en el propio”.

                   El autoincremento en las dietas de los senadores nacionales, puso blanco sobre negro una temática que tiene muchas aristas pero, creo yo, dos caras.

                   Una cara es la del sistema, democrático y republicano, que necesariamente requiere de representantes que se ocupen de los temas comunes de la administración de un país, una provincia o un municipio. Es lo que la ley y la constitución llaman “instituciones”, no se pueden obviar, al amparo de esas normas vivimos.

                   Pero, no de ahora, casi de siempre, esos electos representantes nacen con un casi pecado original: la sospecha social de ineptitud y corrupción.  Esto sucede especialmente con los legisladores, que es el poder más identificado con la política.

                   Por lo tanto, el lema de hierro para pensar en el ingreso a la política es: “si le gusta el durazno, debe bancarse la pelusa”.

                   Pero es una realidad que a gran parte de la gente les aturde una república en debate, prefieren un autócrata ejecutivo que haga según su criterio inconsulto.

                   Y, entonces, ¿hay que acabar con la política? Para los nostálgicos del verde oliva sí, quiero creer que para la mayoría no.

                   Un legislador es un instrumento humano de pluralidad, debe ejercer su tarea con dedicación y eficiencia. Obvio, como en la feria, los hay de toda calaña: buenos, malos, regulares.

                   Por lo tanto, existen, integran un poder de la Constitución. Deben ganar un sueldo razonable que les permita vivir para ejercer a pleno su función. Eso del trabajo “ad honorem” o con sueldos simbólicos es de una hipocresía supina, o de un concepto de “la política para ricos”.

                   Pero sin dudas que, en un tiempo de crisis económica, las cosas deben tener su punto de equilibrio, de manera tal que también sean los representantes los que compartan el sacrificio económico.

                   Una ley, que establezca un haber razonable para legislador y funcionario público y un idéntico mecanismo de ajuste aplicable para un jubilado, debería ser un punto de encuentro, a partir del cual elaborar un escalafón con sentido orgánico.

                   Pero no, los senadores prefirieron ir por lado oscuro, de la hipocresía, de la simulación, no tanto por la duplicación casi pornográfica de sus dietas, sino por el mecanismo utilizado para esconder al gran público el aumento.

                   Entraron al recinto, trataron un expediente sin carátula, nadie pidió la palabra, ni oficialistas ni opositores, realizaron dos votaciones a mano alzada, una para el tratamiento sobre tablas y otra para la aprobación del proyecto, y así, “fingiendo demencia” (que es lo mismo que “haciéndose los boludos”), en menos de dos minutos duplicaron sus dietas.

                   Y nadie, menos aún los “falsamente puros” de LLA, pueden alegar ignorancia: primero, porque el temario fue previamente tratado en reunión preparatoria, por los jefes de todos (todos) los bloques, y, segundo, porque todos callaron y nadie pidió la palabra cuando se trató el aumento en menos que canta un gallo. Un perfecto acuerdo previo entre todos.

                   De la actitud tramposa y subrepticia, no se salva ni la vicepresidenta, que conocía el temario, ni Lousteau, que levantó tímidamente sus dedos mientras simulaba una conversación, ni Cornejo que le pidió a la Secretaría de la Cámara que “en la medida de lo posible” (¿?) no se le liquidara los aumentos, tampoco ningún peronista, radical ni libertario.

                   Es más, los siete senadores de La Libertad Avanza tienen sobre sus espaldas la peor de las hipocresías: hacerse los puros, simular la no adhesión al aumento, pero no declinar o donar sus incrementos. Una pantomima que los deja peor que a los otros.

                   La verdad, lo mínimo que hubiera correspondido  es hacerlo a la luz del día, y no “pretender comerse el durazno sin bancarse la pelusa”.

                   Lamentablemente, esto no sucede sólo en el Poder Legislativo. También en el ámbito del Poder Ejecutivo sucedieron hechos que nos demuestran que se pueden dar muchos discursos de libertad y de honestidad, pero a la hora de los bifes, igual.

                   Aunque la expresión presidencial, “somos liberales, no boludos”, estuvo referido a otra de sus cada vez más repetidas gambetas ideológicas y éticas, es plenamente aplicable a la situación que se generó con motivo del aumento de las dietas por parte de los senadores nacionales.

                   En medio de la polémica por el aumento legislativo del 30% en febrero, luego derogado, calladito Javier Milei firmó el Decreto 206/24, aumentando su sueldo un 48%. La diputada Victoria Tolosa Paz (Unión por la Patria) dio la voz de alerta. Milei no tuvo otra que retroceder, no sin antes cortar el hilo por lo más delgado: echó al funcionario administrativo que redactó el decreto. Para él, que lo firmó, nada.

                   El mensaje “no hay plata” que es una pata de su gobierno, y el de achicamiento de la estructura del estado para eliminar el déficit público, no parece aplicar para los amigos.

                   De un plumazo, Milei dispuso conferir categoría de Ministros a la Secretaría General de la Presidencia, su hermana Karina Milei, al Secretario de Prensa Eduardo Serenellini, al Secretario Legal y Técnico Javier Herrera Bravo y al “lenguaraz” presidencial Manuel Adorni. Es decir, ya no son siete u ocho los ministerios, ahora suman ya suman once o doce.

                   A su vez, dispuso incrementar en 40 millones de pesos mensuales, las famosas UR (unidades retributivas) con que la hermanísima presidencial puede premiar con importantes incrementos fuera de escalafón, a los cercanos libertarios, asesores varios, tuiteros, y fauna variada que pueblan la Rosada.

                   Lo más preocupante tal vez no sea el nivel remunerativo de los funcionarios y legisladores, que merecerían el dictado de una ley de sueldos de cara a la sociedad, que tengan como variable de ajuste el mismo sistema que el de los jubilados.

                   Lo verdaderamente preocupante es el altísimo nivel de hipocresía que existe en el ámbito institucional y social en nuestro país. Y mientras ello subsista, nunca daremos vuelta la página, ni social ni institucionalmente

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