Rey Vázquez, reelecto presidente del Superior Tribunal de Justicia

El actual presidente del STJ, doctor Luis Eduardo Rey Vázquez, resultó ayer reelecto en la presidencia de la Corte provincial para el período 2021. Será su tercer período al frente del Poder Judicial.

Tal como lo anticipó El Litoral, el actual presidente del STJ, doctor Luis Eduardo Rey Vázquez, resultó reelecto en la presidencia de la Corte provincial para el período 2021. Será su tercer mandato consecutivo. Eduardo Panseri fue ungido vicepresidente primero.

La decisión fue tomada este martes 1° de diciembre en el marco del Acuerdo extraordinario N° 18/20, y se efectivizará tras la feria judicial. El subrogante en primer término será el doctor Eduardo Panseri; en segundo término, el doctor Fernando Augusto Niz; en tercer término, el doctor Guillermo Horacio Semhan; y en cuarto término, el doctor Alejandro Alberto Chain.

En este marco, el presidente del STJ, Luis Eduardo Rey Vázquez, en diálogo con la prensa se refirió al presupuesto recortado que envió el Poder Ejecutivo al Poder Legislativo de $7.398.598.317 y afirmó que “una vez que tengamos el presupuesto aprobado tendremos que, de alguna manera, fijar las prioridades y adecuarnos”.

“Creo que la pandemia seguirá, aun así vamos a continuar en lo inmediato en materia de obras con las que están en ejecución a ver si podemos culminarlas, la implementación del Código Procesal Penal, seguir apuntalando la digitalización, el área de informática está trabajando en la elaboración del software que nos permita migrar en el mediano plazo al expediente digital”, sostuvo y agregó que “seguir con las políticas de recursos humanos, en la actualización de los códigos, va a requerir las adecuaciones necesarias de la estructura y los recursos humanos; ya nos sentaremos a planificar y ver qué nos depara el año que viene”.

En cuanto a la posibilidad de hacer un cambio en algunas de las áreas manifestó que “todos los cambios deben ser graduales, este año nos servirá, todavía no nos pudimos sentar a hacer el verdadero diagnóstico de qué nos deja y cuáles son las cuestiones que ameritarían un cambio; desde ya, todo lo que sea planificación a futuro de nuevas dependencias desde el punto de vista de la infraestructura, esta pandemia nos ha servido a todos para darnos cuenta de que requerimos de otro tipo de espacio, en donde la aglomeración de personas no es la opción”.

Vale señalar  que la votación se produjo en el ámbito del Superior Tribunal de Justicia, tras un intercambio de ideas en el que se ratificaron las políticas y prioridades en el proceso de transformación cualitativa del sistema judicial provincial. En el encuentro también se realizó un balance de la gestión desarrollada en el presente año que, como es de público conocimiento, estuvo condicionada y marcada por la pandemia de covid-19, por ello el servicio de justicia tuvo que adaptarse a las medidas sanitarias.

Además, el 1° de septiembre comenzó la implementación del nuevo Código Procesal Penal, primero en la 4ª Circunscripción, el 1° de noviembre en la 3ª  y próximamente, el primer día de marzo será el turno de la 2ª Circunscripción, lo que implicó una reorganización de recursos humanos y técnicos.

Objetivos para el 2021

Ante el panorama actual, los ministros destacaron que es trascendente continuar propiciando una gestión judicial con eficiencia, calidad y transparencia; mejorar y facilitar el acceso a justicia, principalmente para aquellas personas en condiciones de vulnerabilidad, a fin de fortalecer la credibilidad en el sistema de justicia.

Acordaron también mejorar la administración de los recursos humanos y la eficiencia del proceso de selección; fortalecer la comunicación externa para permitir una relación adecuada con la sociedad, a través de las reglas del lenguaje claro, mejorar los servicios de información del Poder Judicial orientados al usuario, simplificando los canales de comunicación.

Impulsarán el uso de la tecnología para la mejora y medición de la gestión, con base en el expediente electrónico y digitalización de todos los procesos, y apostarán a dotar de funcionalidad a los edificios y la disposición de las oficinas con accesibilidad, contemplando las distintas necesidades de acuerdo a los nuevos roles de los actores del sistema frente al nuevo Código Procesal Penal y el proceso de oralización.

(MNR)